El 22 de octubre de 2022, los guardacostas turcos divisaron un bote a la deriva en aguas del mar Egeo, entre la costa de Bodrum (Turquía) y la isla de Kos (Grecia). Aunque a simple vista no lo parecía, aquella operación sería distinta a las decenas que acometen cada día para rescatar a migrantes devueltos ilegalmente por la Guardia Costera de Grecia a aguas turcas. En la lancha salvavidas, además de 15 refugiados palestinos, había un ciudadano turco semiinconsciente. Lo primero que pidió al ser rescatado por la embarcación turca fue agua. “Su voz apenas era audible. Bebió con dificultad”, relataría más tarde uno de los palestinos, “y luego se tumbó”. Cuando llegaron a tierra ya estaba muerto. En su cuerpo eran evidentes los signos de tortura, que una autopsia confirmó después. Era Baris Büyüksu, de 30 años, kurdo, nacido y criado en la ciudad turca de Esmirna.

“No sabes realmente lo que es el dolor hasta que golpea en tu puerta”, asegura Dilan, la hermana del fallecido, que recibe a EL PAÍS en Esmirna junto a sus padres, Saime y Reyis Büyüksu, de riguroso luto un año después de haber enterrado a Baris. A la pena por la pérdida de un hijo se suma la sensación de desamparo: pese al tiempo transcurrido y a la investigación iniciada por la Fiscalía de Bodrum, el expediente sigue perdido en alguna dependencia de Grecia o de Turquía, bloqueado en la burocracia de ambos países. “Lo más difícil”, prosigue Dilan, “es la incertidumbre, la ambigüedad. No sabemos nada y la única posibilidad de respuesta reside en las altas instancias. Pedimos información todos los días, y nos mandan de un departamento a otro, pero nadie sabe”.

A finales de septiembre de 2022, Baris Büyüksu llegó a Grecia sin ser interceptado por los guardacostas helenos. Su intención era viajar hasta Francia y solicitar allí asilo, así que evitó el contacto con las autoridades para no quedar registrado en Grecia. El Convenio de Dublín establece que el Estado al que corresponde examinar la solicitud de asilo es aquel por el que la persona accedió a la UE. Durante su estancia en la isla de Kos permaneció en casa de un amigo, Safak, que había solicitado el estatus de refugiado en Grecia, pero que moriría unos meses después en un accidente de tráfico en Atenas, eliminando así un testimonio clave de la investigación.

Eso sí, hay fotografías que prueban el paso de Baris por Kos. “Prácticamente cada día nos llamaba o nos enviaba fotos para que no nos preocupáramos”, explica su familia. Hasta que, de golpe, las llamadas se interrumpieron.

Lo que ocurrió después puede ser reconstruido gracias a los testimonios de un grupo de palestinos que llegó a Kos el 21 de octubre de 2022, recogidos en el sumario instruido por la Fiscalía de Bodrum, al que ha tenido acceso EL PAÍS. Poco después de desembarcar en la isla griega, los palestinos fueron interceptados por media docena de individuos cubiertos por pasamontañas. “Portaban pistolas, palos y linternas. […]. Cuando estos individuos nos capturaron, nos esposaron por la espalda, nos vendaron los ojos y comenzaron a golpearnos con los palos. Una o dos horas después nos montaron en un vehículo y nos llevaron a un lugar”, declaró uno de los palestinos, un gazatí de 24 años, cuando le tomó declaración la policía turca.

Prisiones secretas
El edificio al que les llevaron no era una comisaría. Varias investigaciones periodísticas han revelado la existencia en Grecia de centros de detención extrajudicial para realizar devoluciones en caliente (expulsiones ilegales de migrantes). En 2021, The New York Times localizó un centro de detención extrajudicial cerca de la frontera terrestre griega con Turquía. El pasado abril, una investigación del medio griego Solomon reveló la ubicación de una de estas prisiones secretas en la isla de Samos: una casa unifamiliar situada en una preciosa cala de aguas turquesas que, fuera de la temporada turística, está prácticamente deshabitada.

Los palestinos describieron la casa como un espacio de dos habitaciones, aunque desconocen si había otras estancias. A una de ellas fue arrojado este grupo —hombres, mujeres y niños— tras despojarles de su dinero, teléfonos móviles y hasta de la ropa. De la otra sala procedían los agudos gritos de Baris Büyüksu mientras era torturado. Había sido detenido mientras intentaba abandonar la isla en un ferry hacia Atenas.

“¡Por el amor de Dios, no me peguéis! ¿Qué os he hecho yo?”, aseguró que oyó gritar a Baris un palestino de 13 años que sabía turco, según consta en su deposición ante la Fiscalía. “Le pegaban con gran violencia, sus gritos llegaban a nuestra habitación. También nos dimos cuenta de que le estaban aplicando descargas eléctricas, por el sonido del aparato”, afirma el gazatí de 24 años en su testimonio: “Continuaron torturándolo durante toda la noche”. Un par de horas antes del alba, juntaron al turco y a los palestinos, les quitaron las esposas y las vendas y los montaron en un barco de la Guardia Costera griega, que, en aguas abiertas, los abandonaría en un bote salvavidas hinchable.

La autopsia a Baris Büyüksu confirmó lesiones compatibles con las declaraciones de los testigos. Los ocho forenses y expertos médicos que firman el informe concluyen “de manera unánime” que la muerte de Baris se produjo por un “trauma somático general debido a la fractura de varias costillas y una severa hemorragia provocada por el sangrado en los tejidos blandos internos”. La autopsia considera probada la “relación de causalidad” entre la muerte y los golpes recibidos y excluye cualquier otra causa.

Expediente desaparecido
Tras la declaración de todos los testigos, que aportaron descripciones sobre los agentes que participaron en sus detenciones y custodia, el fiscal instructor consideró que, junto a la autopsia, era suficiente para requerir la colaboración judicial de Grecia. Para ello, ordenó la traducción de toda la causa y que fuera remitida a Grecia. Ahí es donde el caso entra en punto muerto.

Dos de las abogadas que llevan el caso, la turca Nergiz Aslan y la griega Vicky Aggelidou, denunciaron en una rueda de prensa conjunta en Esmirna el pasado 3 de noviembre que el expediente no ha llegado a su destino. Para que tenga éxito esta comisión rogatoria, el expediente debe llegar al Ministerio de Justicia heleno desde el de Asuntos Exteriores de Grecia, que lo debe recibir del departamento de Exteriores de Turquía, remitido a su vez por el de Justicia turco. Las abogadas no tienen claro si la documentación está ya en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Grecia o si no ha sido enviada todavía. “El expediente ha sido enviado a las autoridades griegas y se le ha preguntado en dos ocasiones por él, sin obtener respuesta”, asegura una fuente del Ministerio de Justicia turco sin precisar más detalles. Las autoridades griegas no han respondido a las peticiones de información hechas por EL PAÍS.

La defensa de la familia Büyüksu sospecha que la razón es el momento de buena relación que atraviesan los gobiernos de Grecia y Turquía. La vecindad entre estos dos países siempre es compleja; a menudo, tortuosa, por lo que los momentos de calma son cuidados por ambos gobiernos. Las letradas temen que ninguno de los dos quiere que el caso tenga mayor recorrido. Si Turquía procede con el caso, estará acusando oficialmente a funcionarios griegos de haber cometido torturas y asesinato.

Parte del grupo de palestinos que fue devuelto ilegalmente por Grecia a Turquía en un bote hinchable, una vez rescatados por la Guardia Costera turca, el 22 de octubre de 2022.
Parte del grupo de palestinos que fue devuelto ilegalmente por Grecia a Turquía en un bote hinchable, una vez rescatados por la Guardia Costera turca, el 22 de octubre de 2022.
GUARDIA COSTERA DE TURQUÍA
A Saime Büyüksu no le importan los equilibrios geopolíticos, solo quiere aclarar qué le ocurrió a su hijo: “Es algo muy difícil de procesar para toda la familia”. Dilan, que no puede evitar romper a llorar cuando recuerda los testimonios sobre la tortura de su hermano, explica que están dispuestos a mover montañas en busca de respuestas porque desea que se haga justicia: “Hemos empezado a entender que no estamos solos, que hay otras familias pasando por situaciones parecidas. La verdadera justicia es que no se vuelva a repetir”. Numerosos testimonios de migrantes deportados ilegalmente de Grecia y recogidos por organizaciones de derechos humanos acusan a las fuerzas de seguridad griegas de violencia excesiva y malos tratos.

“La tortura es un crimen contra la humanidad. Para mí es muy difícil entender esta salvajada, ¿cómo puede hacerle esto un ser humano a otro? Nosotros no tenemos nada en contra del pueblo ni del Estado griego”, afirma el padre, Reyis, quien, tras permanecer toda la entrevista en silencio, comienza a hablar, con voz cansada y palabras rotundas: “La Unión Europea presume de ser un lugar de justicia, ley y ecuanimidad, y Grecia forma parte de este sistema. Así que si esto ocurre en Grecia y no se hace justicia, quizá la propia UE no se base en la justicia, sino en las mentiras”.