Dos casos de agresiones sexuales en grupo ocurridos en Dolores (Alicante) y en la playa de la Malva-rosa en Valencia concluyeron con la detención de diez jóvenes de “origen marroquí”, seis de ellos menores, lo que ha llevado a la consellera de Justicia e Interior, Elisa Núñez a enviar una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, señalando el origen de los presuntos agresores y exigiendo “medidas urgentes” para que la inmigración “sea controlada”.

“Para poner fin a la inseguridad que destruye nuestra convivencia en paz, así como para que la inmigración sea controlada, adaptada a las necesidades de España, y con capacidad y voluntad de adaptación”, explica la consellera elegida por Vox para formar parte del Consell de Carlos Mazón.

“España está siendo arrasada por una ola de delitos execrables, nunca vistos en nuestro país, en múltiples ocasiones importados de culturas foráneas en las que la vida humana, en general, y la integridad física y moral de la mujer, en particular, no importan nada”, insiste antes de señalar las “insuficientes las políticas del Gobierno” para prevenir la comisión de estos delitos por parte de menores.

“El Ministerio de Interior y el Gobierno han sido y son aliados y promotores de una estrategia de multiculturalismo forzado que sufrimos directamente todos los españoles con el aumento de la inseguridad, la precarización de los empleos y la invasión de culturas incompatibles con la nuestra; en definitiva, con la disolución de los lazos que nos unen como sociedad y comunidad”, en alusión a “las políticas de bienvenida a la inmigración ilegal indiscriminada y el amparo del Gobierno (…) a las mafias que encuentran su lucro en traficar con personas”.

Núñez considera esas políticas fracasadas en países como Bélgica, Francia o Reino Unido y pide a la seguridad sea una prioridad “para todos los españoles, así como de las personas que han llegado a España de forma legal y con la intención de trabajar, integrarse y contribuir al desarrollo de la nación que les acoge”.

Tras la sesión de control en las Cortes al presidente Mazón, Núñez se ha reafirmado en el contenido de la carta, aunque, reconociendo que se refirió a la nacionalidad marroquí de los detenidos, asegura que habría exigido la misma contundencia “si hubieran sido españoles o hispanoamericanos o de cualquier otra nacionalidad. Lo que hay que perseguir es el delito”.

En opinión de la consellera, “las medidas del Gobierno del señor Sánchez se plantean insuficientes para las violaciones grupales. Suelen quedar reducidas a un curso de educación sexual y a, menos mal, acompañamiento y apoyo a la víctima. No puede ser que sea únicamente un curso. Hay que perseguir los delitos y endurecer, en el caso que sea necesario, las leyes”, sentenció.
La respuesta de Interior

Interior ha respondido este jueves a la carta de la consellera para pedirle que “abandone la propaganda y la difusión de bulos”. Desde el Ministerio han invitado a la consellera a “aproximarse con seriedad al fenómeno de la criminalidad”.

No es la primera polémica a la que se enfrenta los cargos de Vox por relacionar la inmigración con delitos de agresión sexual o violencia machista. El teniente de alcalde de Valencia, Juan Manuel Badenas, relacionó el pasado lunes en un programa de televisión el machismo con “personas de determinada etnia o de determinado origen” y afirmó que “algunas personas que entran en España vienen con esa cultura machista”.

Eso provocó que el grupo municipal socialista anunciara que presentaría una denuncia por delito de odio, a lo que Badenas advirtió que respondería con otra denuncia por delito contra el honor.