AYER el presidente de Canarias, Adán Martín, confirmó con sus palabras lo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo: que el problema de la inmigración está desbocado y sin capacidad de embridarse. Su declaración institucional ha sonado a lamento. De hecho, un cierto halo de fatalidad e impotencia se ha percibido en el timbre de su voz cuando apelaba a la firmeza del Gobierno español en este asunto, quizá porque es cada vez más consciente de que, a la hora de gestionarlo, la capacidad operativa del presidente Rodríguez Zapatero y de los responsables de inmigración de su gabinete son prácticamente nulas. Y si no, ¿cómo calificar las dotes de un Gobierno que no ha logrado impedir que en lo que va de año sean ya 15.000 los inmigrantes que han llegado ilegalmente a las costas canarias?

Es cierto que empieza a ser habitual que el Ejecutivo socialista se muestre incapaz de gestionar situaciones de crisis. En este sentido, ya hemos hablado desde estas páginas del inagotable repertorio de excusas que maneja el gabinete de Zapatero. Pero ya no valen más justificaciones; primero porque se agotan y segundo porque los ciudadanos exigen soluciones. Urge, pues, adoptar inmediatamente medidas que pongan coto a la grave situación por la que atraviesa Canarias en estos momentos.

Asediadas por un flujo de inmigración constante y creciente, las islas soportan la llegada de más y más cayucos que, incluso, aumentan su capacidad, ya que algunos de los que han arribado en los últimos días a las costas canarias pueden transportar casi dos centenares de personas. Con estas cifras, no es de extrañar que un cierto clima de alarma social se haya adueñado de la población canaria. Alarma ante el desembarco continuo de ilegales pero, también, ante el hecho de saber que al otro lado de la línea del horizonte del archipiélago se produce todos los días el drama humano silencioso que sufren decenas de inmigrantes que mueren de hambre y de sed en medio del océano. Ayer, sin ir más lejos, fueron dieciséis los ilegales que fallecieron antes de llegar a Canarias, a lo que hay que sumar las imágenes de hace unos días en las que se veía a turistas que asistían improvisadamente a los inmigrantes en medio de las playas.

Ante un panorama así, España debe replantearse seriamente su política de inmigración. El llamado – en palabras del presidente canario – «agujero» de la frontera sur de Europa crece tan peligrosamente como el famoso agujero de la capa de ozono. En su caso, la aleación hecha a base de diplomacia, cooperación y medidas de control que debía constituir un eficaz blindaje del sur de Europa sufre, sin embargo, una gravísima corrosión en ese eslabón de la cadena fronteriza de seguridad que es el archipiélago canario. La Agencia Europea de Fronteras (Frontex) no termina de proyectar un mecanismo eficaz de control. Lo evidencia la insuficiencia de los dispositivos que se van a desplegar en la zona y, sobre todo, la incapacidad para lograr que un país capital en la solución del problema como es Senegal – uno de los principales silos de inmigración ilegal – siga negándose a suscribir los convenios de inmigración que regulan la repatriación de sus nacionales detenidos.

De este modo, crece el número de los que piensan que el desinterés y el relajo con el que la UE afronta el problema de Canarias no es casual y que quizás algunos países no olvidan la insensata política de legalización masiva de inmigrantes llevada a cabo por el Ejecutivo español. Sea por pasar facturas al cobro, sea por indiferencia o sea porque algunos Estados tienen también su propio problema en la puerta de casa, lo cierto es que España no puede confiar sólo en que Europa arregle esta papeleta.