El acuerdo suscrito por los gobiernos central y andaluz este pasado lunes para cerrar los regadíos ilegales de Doñana incluye medidas que repercuten también entre los temporeros agrícolas, en su mayoría personas migrantes, que desde muchos años vienen malviviendo en asentamientos chabolistas carentes de infraestructuras sociales y sanitarias, de servicios básicos como saneamiento, suministro de agua y luz o recogida de basuras, de escolarización, y de alojamientos dignos, como el denominado marco de actuaciones reconoce. El documento, además de apostar por mejoras en la habitabilidad y de avanzar en la erradicación del chabolismo y la infravivienda (para lo cual ya existe un protocolo de actuación interadministrativa), trata de situarse en línea con la normativa laboral comunitaria en la materia, que persigue ir poniendo el foco en los empleadores. En ese sentido, aquí “se propone fomentar el conocimiento y el uso de la autorización de residencia por circunstancias excepcionales” para que el empresariado agrícola ponga de su parte en la “normalización documental” de los temporeros agrícolas extranjeros de Doñana que se encuentren en situación irregular.

¿A qué se refiere ese marco de actuación concreto de regularización administrativa? El acuerdo considera que esa “autorización por colaboración con la autoridad laboral” puede tener “especial interés en el caso de los trabajadores residentes en los asentamientos”. En ese sentido, la Directiva de Diligencia Debida, conocida como ‘huella social’ y aprobada en verano en el Parlamento Europeo, que no viene citada en el acuerdo Junta – Estado, persigue garantizar que las empresas que operan en la UE, entre otras muchas cuestiones, adopten medidas para identificar, mitigar, eliminar o combatir la vulneración de derechos de las personas trabajadoras, acerca de lo cual se enzarzaron los partidos políticos el pasado mes de marzo en el mismo Parlamento Europeo.