Bruselas (Bélgica), 28 nov (EFE).- (Imagen: Bruno Fortea Miras) La Comisión Europea (CE) propuso hoy armonizar la legislación y las penas para los responsables del tráfico de migrantes en la Unión Europea (UE), de manera que los casos más graves, por ejemplo la muerte de migrantes en las travesías, se pueda castigar con una pena máxima de al menos 15 años de prisión. Ello supondrá endurecer las penas para este tipo de delitos, que en la legislación vigente se sitúan en los 8 años, indicó la Comisión en un comunicado. IMÁGENES DE LA RUEDA DE PRENSA. DECLARACIONES DE YLVA JOHANSSON, COMISARIA DE INTERIOR DE LA COMISIÓN EUROPEA. Traducción: “El primer escenario es cuando hay un claro vínculo entre la facilitación de una entrada ilegal de un migrante y el cobro o la promesa de cobro de un beneficio económico. El segundo escenario es cuando hay una alta probabilidad de causar serios daños a una persona, o incluso peor, cuando esa persona pierde su vida. Y el tercer escenario es cuando hay instigación por parte de un ciudadano de un tercer país, por ejemplo a través de Internet, para entrar, transitar o establecerse de forma irregularmente en la UE. Esto es lo que probablemente está ocurriendo ahora en la frontera de Finlandia con Rusia”. Traducción 2: “Cuando el traficante forma parte de una actividad del crimen organizado, eso es un agravante. Si hay violencia también lo sería. Y el agravante más importante es cuando se causa alguna lesión o la muerte de algún migrante, o de algún guardacostas”. Traducción 3: “Creo que debemos entender las redes de tráfico de personas en el contexto del crimen organizado. Vemos como los grupos del crimen organizado están creciendo, conforman una amenaza para nuestra sociedad comparable a la amenaza del terrorismo. Cada vez son más sofisticados, profesionalizados e internacionalizados”. Traducción 4: “Esto también queda claro en la Directiva propuesta: aquellos que realizan ayuda humanitaria o trabajan para cubrir las necesidades básicas de ciudadanos de terceros países cumpliendo las obligaciones internacionales, como por ejemplo rescatar personas en el mar, no van a ser criminalizadas. Su actividad queda despenalizada y esto está claro en la Directiva”.