Diferentes colectivos sociales que trabajan por la igualdad y contra la discriminación han reclamado una directiva europa sobre la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica que incluya la protección de las mujeres migrantes. En medio del debate sobre la futura normativa que será obligatoria para todos los países de la UE y coincidiendo con la presidencia española en el Consejo europeo representantes de diferentes asociaciones reunidas el pasado jueves en la sala Sen Zo Dai Dai de Milagrosa apelaron a que la propuesta normativa garantice en su texto final que las inmigrantes tengan “derecho a una vida libre de violencia y discriminación en todos los países de la Unión Europea”.

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El no reconocimiento de los derechos de las mujeres migrantes retrata “un pensamiento colonial”. Por ser “irregulares” las mujeres migrantes sufren, recuerdan, mayor desprotección y la “intersección entre el machismo y el racismo les impide acceder en condiciones de igualdad a trabajo, vivienda, salud, justicia, servicios y educación, entre otros”. Según Eurostat, de los 446,7 millones que vivían en la UE en 2022, 23,8 millones eran personas extracomunitarias. Muchas de ellas trabajan en sectores feminizados como el empleo del hogar y los cuidados “aportando de manera significativa a la economía y al desarrollo de todas las sociedades en las que viven”, destacó desde la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, Antonia Ávalos Torres

La propuesta de directiva utiliza de forma “peligrosa” el término “mujeres migrantes indocumentadas” lo que incumple a su vez lo recogido en el Convenio de Estambul. Consideran insuficiente que se incluya a las mujeres migrantes irregulares en el “apoyo específico para las víctimas con necesidades específicas y los grupos en riesgo”. El objetivo es favorecer que las mujeres migrantes también tengan acceso a servicios especializados de atención a víctimas de violencia de género, que no se enfrenten a un “trato discriminatorio” en los tribunales de familia y procesos de custodia, garantizar una “protección efectiva” frente a la violencia machista “salvaguardando los datos personales relativos al estatuto de residencia”, el acceso a “la protección y a la justicia” para mujeres víctimas de delitos o colaborar con entidades sociales para implementar medidas preventivas”.

Según expuso Lucy Polo, de Por Ti Mujer, el hecho de que no se permita homologar los títulos de mujeres cualificadas pero no documentadas, que se ven obligadas a trabajar en la limpieza de casas, se llama “violencia institucional”. Destacó además que las mujeres migrantes están sobrerepresentadas en las cifras de violencia machista por el “contexto socioeconómico” que las margina. Mujeres con menores, con problemas mentales y que tienen miedo a ser “expulsadas” si dan el paso de denunciar “o incluso dependen de la tarjeta de residente de la pareja que les amenaza”. “Mujeres en una situación compleja que requieren de un acompañamiento”, subrayó.

Tatiana Retamozo, del programa de Derechos Mujeres AIETI y superviviente de violencia de género, relató la desprotección que sufren las mujeres migrantes en esta directiva que sí reconoce la ciberviolencia, la mutilación y la explotación sexual pero no la violación basada en el consentimiento. “Hay países como Francia o Alemania que manifiestan su oposición a que la directiva europea tenga una perspectiva de género y haya una atención a víctimas de delitos a través de servicios especializados para mujeres”, relató. “En Bruselas, la polícía de migración acude a casa de mujeres migrantes para comprobar cuántos cepillos de dientes tiene, y en España las mujeres víctimas de violencia no continúan el proceso por miedo a ser reportadas”, incidió.

“Estamos en Europa pero nos invisibilizan, aportamos a los cuidados y al trabajo, yo llevo 18 años aquí pero no tendré pensión ni vivienda”, reiteró. También Virginia Gil Portolés, de ASPACIA, remarcó que “España podría haber liderado este proceso sin traicionar a las mujeres emigrantes para frenar una directiva con tintes racistas y clasistas”. Dejó claro además que leyes avanzadas en materia de género como la de ‘Sólo sí es sí’ del Estado podría verse expuesta a un marco normativo más restrictivo a nivel europeo. “Hay muchos países que tienen legislado el tema de la violación basada en la fuerza o en la intimidación no en el consentimiento”, dijo.

Firman el manifiesto la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos AIETI, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Carbe, Fundación para la Convivencia ASPACIA, Médicos del Mundo, Asociación Por Ti Mujer, Asociación Movilidad Humana, Asociación de Mujeres Latinoamericanas Amalgama, SEDRA (Federación Planificación Familiar) y Amnistía Internacional.