La primera convocatoria de la Alianza Global contra el tráfico de personas ha sido el marco de una propuesta de la Comisión Europea para endurecer las leyes penales y las condenas y multas relacionadas con este delito. La propuesta de la Comisión se justifica en el cálculo –que se antoja modesto– de que al menos 28.000 personas han muerto ahogadas o han desaparecido en el Mediterráneo en la última década cuando eran trasladadas ilegalmente por mafias dedicadas a introducirlas en Europa. En favor de la iniciativa del Ejecutivo de Bruselas hay que decir que ha puesto celo en distinguir y aclarar que el objeto de la sanción y la condena tienen que ser quienes se lucran explotando a personas migrantes y nunca estas, cuya situación vital las empuja a jugarse la vida en condiciones precarias. También es importante que quede rubricado en la estrategia de los países europeos la exigencia de que se descriminalice la acción de las ONG que actúan en operaciones de salvamento marítimo –algo que no ha sido objeto de consenso en la Unión Europea (UE) en el pasado– y de individuos, familiares o migrantes, que asistan a estas personas en su tránsito. La diferenciación en el discurso y el tratamiento jurídico entre las mafias y las personas u organizaciones que prestan asistencia es fundamental porque en demasiadas ocasiones hemos asistido a discursos xenófobos que equiparan la prestación de ayuda con el delito. Por ese camino, la UE estará más cerca de consensuar unas políticas migratorias en las que ha fracasado ampliamente hasta la fecha. Para empezar, las decisiones más recientes han ido en sentido contrario a facilitar la migración regular hasta el extremo de endurecer las condiciones de asilo a refugiados, que es un principio humanitario universal. Por no hablar de medidas como el confinamiento y expulsión de migrantes a países terceros –Ruanda–, ordenada por el Gobierno británico y anulada por la Justicia. En la ruta hacia el tratamiento razonable y humanitario de la migración sigue pendiente la recuperación de políticas de asistencia en origen. Mientras Europa se debate entre la necesidad de mano de obra y el temor a una saturación de sus servicios, han desaparecido la mayoría de las ayudas al desarrollo que mejoran las condiciones de vida en origen. La reflexión integral sigue pendiente.