Un nuevo escándalo ha envuelto este fin de semana a la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, una ONG que gestiona a través de contratas públicas varios centros de acogida de menores migrantes no acompañados en Canarias.

Al menos 12 chicos denunciaron hace días ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas que habían sido víctimas de malos tratos por parte del personal del centro donde están acogidos, en la localidad de Tafira. Esta denuncia se suma a la investigación que mantiene abierta la Fiscalía Anticorrupción contra cuatro directores de esta ONG por malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad documental.

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“Agresiones, amenazas y tocamientos”
Según reveló el diario Las Provincias, los menores pusieron en conocimiento del juez “agresiones, forcejeos, amenazas y tocamientos” por parte de los trabajadores de Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Según la información disponible, los presuntos malos tratos comenzaron a principios de noviembre, con la llegada de nuevos trabajadores de otro centro gestionados por la misma entidad y, en ellos, estaría implicado el director.

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Uno de los menores también ha denunciado ante el juez que a principios de noviembre sufrió “posibles tocamientos y gestos sexuales en el despacho del director”. Todos han declarado sentirse “asustados, desprotegidos y en peligro” y han solicitado el traslado a otro centro, aunque por el momento no se han tomado medidas para garantizar su bienestar.

Puñetazos en la cara
Como pruebas de su denuncia han entregado al Juzgado un vídeo de que muestra una supuesta agresión de un educador a un chico, fotos de algunas heridas sufridas por varios de ellos y la denuncia ante la Policía que interpuso el miércoles un menor de 14 años acogido en el centro por una brutal agresión a manos de dos trabajadores.

En el escrito de denuncia, al que ha tenido acceso Público, el menor relata que dos trabajadores le golpearon repetidamente en la cara y el estómago en una habitación del centro, con la puerta cerrada, hasta que fueron sorprendidos por otro miembro del equipo. El niño tuvo que ser atendido en el centro de salud por diferentes heridas en el rostro que le provocaron hemorragia.

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Este hecho sí se puso en conocimiento del Gobierno canario, según la Consejería de Infancia, que añade que el presunto agresor ha sido temporalmente apartado de su trabajo. Sin embargo hay varias discordancias entre la versión del centro y la Consejería y la de la propia denuncia. En el escrito policial constan dos agresores y tan solo se ha suspendido a uno de ellos, por lo que el menor continúa en el centro, bajo el teórico cuidado de uno de sus presuntos agresores.

La Consejería también asegura que el director del centro acompañó al menor a poner la denuncia junto a un educador que fue testigo. Sin embargo, en escrito de la Policía tan solo se precisa que el chico fue acompañado del subdirector del centro.

Posible cierre cautelar del centro
La Dirección de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias envió el domingo a dos técnicas para que se entrevistaran con los menores y los trabajadores del centro ante unos “altercados” ocurridos la pasada semana y la “fuga del centro de varios menores”. Las conclusiones serán trasladadas a la Fiscalía de Menores y no se descarta el cierre cautelar del centro, según fuentes gubernamentales canarias. Sin embargo, a pesar de que se esperaban para este lunes, aún no se conocen las conclusiones de ese informe.

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Según la denuncia de los 12 chicos, el jueves por la mañana el director del centro habría propinado “fuertes golpes” a uno de los menores mientras estaba sujeto por otro trabajador. “Varios menores escucharon los gritos y el llanto y rompieron la puerta” para acceder a la habitación donde se estaba produciendo la supuesta agresión. El relato publicado por Las Provincias añade amenazas de los trabajadores a los menores para evitar que denunciaran. “Como digan algo se van enterar”, fue la frase con la que según los chicos fueron coaccionados bajo la amenaza de “ir a la cárcel”.

Ese mismo día, al menos 23 chicos de entre 14 y 17 años se escaparon del centro ante esta situación continuada y, según la denuncia de uno de ellos, los empleados les persiguieron, a pesar de que es un centro de régimen abierto. Al denunciante le agarraron de la sudadera hasta desgarrársela, pero consiguió zafarse.

La Policía no les dejó denunciar
El viernes, el grupo acudió a la comisaría de Policía de San Cristóbal con la intención de interponer una denuncia por los hechos, ha confirmado a Público N. O. P., activista del colectivo Somos Red, con quien contactaron después los menores ante su situación de desamparo. En su escrito ante el Juzgado consta que los agentes no les quisieron tomar declaración y no dieron credibilidad a su relato, por lo que no se tomó ninguna medida.

El juez no informó ni a la Fiscalía ni al Gobierno canario de la denuncia de los chicos, afirman los activistas
Ante esta situación y tras diferentes llamadas del director del centro con nuevas amenazas, la mitad del grupo regresó al centro, aunque los trabajadores del turno de guardia acabaron informando a la Policía de la ausencia de otros 12. Estos fueron lo que acabaron denunciando su caso directamente en el juzgado acompañados por un abogado y una traductora de la red de activistas.

Según la activista que les acompañó en la denuncia, estos 12 menores, cuya tutela recae en el Gobierno de Canarias, no han querido regresar al centro donde trabajan sus presuntos agresores y se encuentran en situación de abandono institucional. Añade que, tras denunciar ante el Juzgado, el juez –Luis Francisco Galván Mesa, según consta como titular del juzgado en el CGPJ– les comunicó que tenía 72 horas de plazo para realizar diligencias y no informó ni a la Fiscalía de Menores ni a la Dirección de Protección a la Infancia y las Familias pese a la gravedad de los hechos denunciados y la vulnerabilidad de los menores.

El centro habla de altercados y robos
En declaraciones a EFE, Sandra Rodríguez, responsable de Protección a la Infancia, ha asegurado que desconoce el motivo por el que no le ha sido comunicada la denuncia de los 12 menores. Confirma que el director del centro ya había comunicado hacía un mes que iba a reforzar el número de trabajadores para poder reconducir determinadas situaciones detectadas, como robos de teléfonos móviles entre los menores, así como que se iban a efectuar registros a los menores.

Siempre según la versión que el director del centro ha dado a Rodríguez, en diferentes registros se hallaron objetos punzantes, palos y los teléfonos móviles robados, por lo que el centro decidió cambiar las normas internas.

El jueves pasado, se le comunicó a la Consejería de Infancia un “nuevo altercado” en el que uno de los menores supuestamente pegó a un trabajador, y que desde la dirección del centro se remitió un informe y un equipo técnico de la Dirección General de Protección a la Infancia propuso que se separara y trasladara a los cuatro menores que se relacionó con estos hechos.

El viernes pasado, cuando uno de los menores iba a ser trasladado a otro centro, “se dio a la fuga un grupo numeroso y se puso en conocimiento a la Policía”, ha relatado Rodríguez, quien ha dicho que desde la Dirección General se desconoce aún el número de chicos que lo abandonaron.

Largo historial de escándalos en la Fundación Siglo XXI
Noticias similares o más graves han sido habituales en varios centros gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, que comenzó a prestar servicios al Gobierno de Canarias en 2020 y fue ampliando contratos hasta la actualidad, siempre por la vía de contratación de urgencia y sin concurso público.

En 2021, trabajadores del centro Puerto Bello, en Mogán (Gran Canaria), denunciaron agresiones sexuales, casos de prostitución infantil dentro y fuera de las instalaciones y abusos y altercados. Este centro quedó clausurado posteriormente. En junio de 2021, un informe técnico de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia ya aseguraba que las instalaciones no reunían “condiciones óptimas para residir” y que el personal contratado no estaba “cualificado ni preparado para atender a los menores”.

La situación de este centro es “habitual”, según diferentes activistas y abogados canarios consultados, en gran parte de las decenas de centros de menores que se han ido improvisando desde 2020 ante el disparado número de menores no acompañados que reciben y tienen que acoger en solitario las islas.

Viagra, botox y comidas con dinero de los menores
Sigue abierta la investigación por malversación de caudales públicos iniciada por la Fiscalía Anticorrupción a cuatro directores de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI a raíz de las pesquisas de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado (UDEF) de la Policía Nacional.

Según consta en esta investigación, María de los Ángeles Barroso, entonces directora de uno de los centros gestionados por la fundación y antigua secretaria y tesorera de Vox Las Palmas, pagó con la tarjeta de la entidad por servicios que nada tenían que ver con la atención a los menores o la gestión del centro. Entre otras partidas, hay un pago de 1.500 euros por tratamientos de belleza con botox y más de 1.100 euros en facturas de restaurantes.

La UDEF detallaba facturas de los cuatro investigados por duplicado en cargos como hoteles de cuatro estrellas, gasto en gasolina desorbitado o fruta por valor de más de 100.000 euros comprada al hermano de uno de los directores. También constan cientos de reintegros de efectivo en cajeros automáticos por un valor total de 1.615.631 euros.

Según adelantó el pasado junio Canarias 7 , la Fundación Respuesta Social Siglo XXI recibió entre junio y diciembre de 2021 un total de 1,85 millones de euros del Gobierno de Canarias para la gestión del centro Acorán, donde se han producido las actuales agresiones denunciadas por los chicos. Sin embargo, de ese dinero solo llegó a la cuenta del entonces director, Fernando Pérez Romero, una cantidad de 171.601,71 euros “a fin de sufragar gastos corrientes del centro”.

El monto restante se ingresó en una cuenta bancaria de la fundación en la que estaba autorizado Pérez Romero, quien sacó en efectivo con su tarjeta 1,3 millones de euros, según consta en la investigación de la UDEF. Fue la entidad bancaria ING la que consideró sospechosos los movimientos y alertó a los investigaciones de acuerdo a los protocolos.

Mientras tanto, la red de protección de menores de Canarias sigue viviendo un colapso por el incesante ritmo de llegadas y una improvisada organización de los centros de acogida y la adjudicación rápida de los contratos de gestión. Más de 3.000 menores no acompañados están actualmente bajo tutela de la comunidad autónoma mientras el reparto de algunos de estos menores a otras regiones es de pocos centenares.