El nuevo Gobierno estatal que este miércoles inició su andadura con la primera reunión del Consejo de Ministros tiene por delante la compleja tarea de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con los distintos territorios y los pactos suscritos con sus socios, de cuyo apoyo depende la estabilidad de la legislatura.

Con el curso político ya en marcha, Canarias también pone deberes a los nuevos ministros, con la prioridad puesta en la gestión de la crisis migratoria y el reparto de los más de 4.700 menores migrantes que la comunidad autónoma tiene ahora bajo su tutela, dos puntos incluidos en la agenda canaria suscrita con CC y con la que el presidente Sánchez se comprometió personalmente en el debate de investidura.

La convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial de Migraciones, cuya reunión estaba prevista para el pasado lunes pero se canceló por falta de quórum, y el impulso de los cambios normativos necesarios para que el reparto de los menores que llegan a las islas tenga carácter obligatorio y no dependa solo de la solidaridad de las autonomías, son las cuestiones más urgentes en materia migratoria, que corresponden respectivamente a las áreas competenciales de la nueva ministra de Migraciones, Elma Saiz, y del titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

Con el Ministerio de Transición Ecológica, en el que repite la vicepresidenta tercera Teresa Ribera, Canarias tiene pendiente solventar las diferencias de criterio sobre la gestión del litoral, en la que el Gobierno estatal se ha reservado competencias a pesar del traspaso efectivo desde el 1 de enero. En este caso, de convocarse la comisión bilateral Estado-Canarias para renegociar la cesión competencial, tendría también un papel destacado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que como expresidente de Canarias ya defendió la necesidad de que el traspaso sea pleno.

Con el nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, Canarias quiere sentarse a comprobar en qué punto está el proyecto de poner en marcha una ruta aérea con precio máximo de referencia entre Lanzarote y Madrid, pactada con el anterior Ejecutivo canario, como experiencia piloto para frenar las tarifas abusivas con la península.

La elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2024 que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se propone llevar al Congreso lo antes posible, será también un campo de pruebas del compromiso estatal con Canarias. Según el acuerdo que el PSOE suscribió con CC, en el proyecto de ley deben aparecer recogidas en su integridad las partidas derivadas del REF además de la dotación adecuada para cumplir los convenios suscritos en materia de costas, obras hidráulicas, carreteras, vivienda, infraestructuras turísticas y educativas.

Del departamento que dirige Montero depende también la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica, en el que Canarias exige que se tengan en cuenta los parámetros de insularidad y pobreza para fijar el reparto de los recursos estatales. El objetivo es que el nuevo sistema se apruebe en dos años, aunque el clima actual de polarización política hace difícil que se pueda alcanzar un acuerdo en ese plazo.

Con Asuntos Exteriores, cartera que sigue en manos de José Manuel Albares, el compromiso es que haya una delegación canaria en las reuniones bilaterales con Marruecos, especialmente cuando se aborde la delimitación de lo espacios marítimos, el control migratorio o las prospecciones de hidrocarburos.