En la crónica dramática sobre la continua llegada de inmigrantes ilegales subsaharianos a Canarias ayer se escribió un nuevo capítulo desgraciado con la muerte por hambre y sed de 17 inmigrantes tras una penosa travesía de veinte días a bordo de un cayuco de madera. La noticia coincidió con el despliegue del operativo de la Unión Europea (Frontex) para vigilar las salidas de cayucos y las rutas que siguen hasta el litoral español, que también lo es comunitario. En última instancia no han sido trece países, sino únicamente tres –Italia, Portugal y Finlandia– quienes han cumplido con el compromiso adquirido hace dos meses de arrimar el hombro a la titánica labor que afronta España en aguas del Atlántico, para frenar las oleadas de embarcaciones cargadas de africanos. En proporción a esa reducción sobre las perspectivas iniciales, se limita a cuatro el número de aeronaves y embarcaciones del dispositivo de la Agencia Europea de Control de Fronteras que vigilarán las aguas de Mauritania y Cabo Verde. Lamentablemente por falta de acuerdo de la CE con Senegal quedan, de momento, fuera del operativo las costas de este país.


Siendo reales todas esas limitaciones, el solo hecho de que nuestros socios de la Unión Europea hayan acordado un presupuesto, aunque pequeño, y movilizado unos medios materiales, aunque insuficientes, para España supone la primera respuesta positiva a las peticiones y reclamaciones de compromiso que este y el anterior Gobierno han planteado en Bruselas durante los últimos años. Si el argumento de la dimensión europea del problema está suficientemente desarrollado, las circunstancias concretas de lo que está ocurriendo en los últimos meses abundan en la urgencia de establecer planes conjuntos en el seno de la UE. Pese a los esfuerzos de los Gobiernos central y autonómico canario, en algún momento se hará insostenible el actual ritmo de llegada de ilegales. Además, la estadística enseña, que el fenómeno de los cayucos responde a una estrategia organizada: la llegada de ilegales a Canarias bajó un 44% durante 2005, con 4.715 detenidos, pero sólo en los primeros siete meses de este año ya suman 15.500 quienes han arribado a las costas canarias en embarcaciones de forma irregular y desgraciadamente lo que no se conoce con exactitud es la cifra de inmigrantes que como los 17 del cayuco de ayer habrán dejando sus ilusiones en el fondo del Atlántico.