La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha reclamado este martes “solidaridad y corresponsabilidad de manera permanente” entre todas las comunidades autónomas para que haya un reparto “equitativo” de los migrantes que están llegando a Canarias y que ya alcanzan las 32.000 personas en lo que va de año.

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Unas cifras que han hecho saltar por los aires las registradas durante la crisis de los cayucos de 2006 (31.678) y que han obligado al Gobierno a acelerar el traslado a la península de los inmigrantes para descongestionar los centros de primera acogida en el archipiélago, lo que ha generado declaraciones racistas de diversos dirigentes políticos del PP y Vox.

Por ello, CEAR exige responsabilidad política para no propagar mensajes de odio ante estos traslados. “Nos preocupa enormemente el racismo, la xenofobia y la islamofobia en algunos mensajes de representantes políticos que ponen en peligro la convivencia y la cohesión social”, denuncia su directora general, Estrella Galán.

Ante la situación de emergencia que atraviesa Canarias, la entidad considera necesario continuar gestionando traslados “ágiles, transparentes y sistematizados” para evitar que las islas se conviertan en “campos de retención”.

Reclama también una “respuesta ágil y garantista” que permita ampliar la capacidad del sistema de acogida y asegurar la identificación de personas con necesidades de protección, además de garantizar una estructura “estable y digna” de acogida humanitaria.

Asimismo pide que se garantice el acceso a atención jurídica individualizada, a la traducción y la interpretación, a la tutela judicial efectiva y al procedimiento de protección internacional.

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Insta al Gobierno a que tenga una política migratoria “planificada y con un enfoque de derechos” y, con motivo de la actual Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, le pide que promueva un mecanismo de solidaridad obligatorio y permanente de reubicación de migrantes entre los países miembros y otro de desembarco “seguro y predecible”.

Las negociaciones sobre el nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo representan una oportunidad para alcanzar este objetivo, así como para poner fin a los acuerdos de externalización de fronteras con terceros países de origen y tránsito.