En plena oleada de protestas auspiciadas por el PP y Vox en contra de la amnistía, el Parlament celebra un pleno monográfico sobre seguridad impulsado por el PSC a tenor de los altercados que se encadenaron el mes pasado en municipios como Vic, Molins de Rei o Manresa. Tanto el Govern como buena parte de la oposición son conscientes de que puede ser materia inflamable, por lo que el president Pere Aragonès ha reclamado al resto de grupos que no sean “cómplices del discurso del miedo” de la extrema derecha. La actividad delictiva, según ha detallado el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, está aumentando hasta niveles anteriores a la pandemia, una realidad ante la tanto el PSC como Junts han exigido un cambio de rumbo en Interior.

Si el Govern ha pedido andar con cautela, también lo ha hecho el solicitante del pleno, el jefe de la oposición, Salvador Illa, que para abordar el debate se ha reunido previamente con los cuerpos policiales. Ha pedido huir del “partidismo” y del “alarmismo”, aunque ha abogado por lanzar un “mensaje claro de apoyo” a la actuación de los cuerpos policiales y, muy especialmente, de los Mossos. En nombre del grupo PSC – Units per Avançar, el exconseller de Interior Ramon Espadaler ha reivindicado “empoderar a la policía y subrayar su autoridad” para deshacer la “mirada hostil” que, a su juicio, se deriva del “buenismo” que achaca al Govern.

“Queremos enviar a la papelera de la historia el acuerdo con la CUP de 2021”, ha espetado. Y también Junts han reivindicado el apoyo “sin fisuras” al cuerpo sacando pecho de los años en que ha dirigido el departamento. “Hay un incremento contrastado de los hechos delictivos, algo falla. Si no es la policía ni la cifra de efectivos, es la gestión política del departamento”, ha asegurado Albert Batet.

Sindicatos de la policía catalana han organizado una protesta a las puertas del Parlament para denunciar el “incremento de la violencia” en contra de los agentes y cargar contra la política de la conselleria de Interior, además de seguir el debate desde la tribuna de invitados. Tanto Aragonès como Elena han trasladado su apoyo a los Mossos y subrayado que ante los autores de “violencia gratuita” y altercados “graves” como los de octubre se actuará con la “máxima contundencia”. El conseller ha añadido que ni él ni el president “se esconderán” tras ningún alcalde. Una decena de tótems municipales socialistas han acudido también al hemiciclo por invitación de Illa.

Aragonès ha definido Catalunya como “segura” pese a reconocer que hay retos de seguridad por afrontar. La premisa de partida, ha defendido, es que “cuanta más desigualdad hay, más delitos se producen”. La extrema derecha ha advertido el president de que "juega sin escrúpulos con la vulnerabilidad y pone en riesgo la cohesión para “crear un clima proclive a su discurso simplista de que todo se soluciona con mano dura”. Ante esto, ha invitado a los grupos a formar parte del Consell de Seguretat de Catalunya, un órgano de carácter consultivo.

Por su parte, Elena, se ha quejado de que la “percepción de inseguridad” es mucho más alta que los “datos objetivos” y ha acusado a la derecha de agitar, por interés y con altas dosis de “demagogia”, algunos debates. Por ejemplo, ha asegurado que la ocupación de viviendas donde habitan particulares o en sus segundas residencias es solo del 2%. Sí ha detallado que ha “cambiado” la tipología de estos delitos que están volviendo a niveles prepandemia.

Aumentan, por ejemplo, los de suplantación de identidades o las estafas virtuales, que en lo que llevamos de año ya han doblado las de 2019 – se han registrado 84.000 casos – . Elena también ha señalado la “lacra” de las violencias contra las mujeres – que crecieron más de un 18% en 2022 en relación con el año anterior a la pandemia – y por el aumento de los delitos de odio, especialmente contra el colectivo LGTBI y las personas racializadas. El crimen organizado asociado al cultivo de la marihuana también ha sido mencionado como una de las prioridades policiales.

La CUP ha acusado a partidos como Junts de “comprar” el discurso de la extrema derecha, e incluso le ha llegado a echar en cara que “le falta calle” y que sus alcaldes magnifican altercados. La sensación de seguridad, ha reivindicado el diputado Xavier Pellicer, se combate “garantizando vidas dignas” y con políticas sociales que reduzcan las desigualdades desde los ayuntamientos y desde la Generalitat. Los Comuns, por su parte, también ha defendido que garantizar la seguridad depende también de garantizar derechos, una mejor convivencia y más recursos materiales. Sobre esta última carpeta, la diputada Núria Lozano ha advertido del resultado “decepcionante” que han tenido los actuales presupuestos.

Como era previsible, Vox ha aprovechado el foco en el hemiciclo para señalar la “amnistía a criminales” que está negociando el PSOE con el independentismo, además de definir a Catalunya como “el paraíso de la delincuencia” y de acusar al Govern y al Gobierno de ser “promotores de la inmigración masiva ilegal”. También Ciutadans se ha subido a ese carro cargando contra el ejecutivo de Aragonès por “pactar amnistías para delincuentes por la mañana” y “preocuparse por la delincuencia por la tarde”. El PP, en cambio, ha buscado desmarcarse de sus principales competidores centrando su discurso en datos y sucesos vinculados con la seguridad.