Torkham (Afganistán), 4 nov (EFE/EPA).- (Imagen: Samiullah Popal) Cuatro días después de que Pakistán empezase a detener y expulsar forzosamente a migrantes indocumentados de su territorio, Asadullah Sadat y su familia continúan escondidos en la ciudad de Peshawar con la certeza de una muerte segura en Afganistán. “Los talibanes nos matarán si regresamos, como han hecho con tantas otras personas”, explicó a EFE Sadat, desde su pequeño piso de paredes desconchadas y prácticamente desprovisto de muebles en la capital de la provincia norteña de Khyber Pakhtunkhwa. La familia de Sadat tiene una razón de peso para querer escapar a toda costa de los intentos de arresto en Pakistán, al haber trabajado para las fuerzas estadounidenses antes de la llegada al poder de los fundamentalistas en 2021. El Gobierno interino de Pakistán dio un ultimátum, a principios de octubre, a todos los migrantes indocumentados en su territorio: abandonar el país antes del 1 de octubre o enfrentarse a la deportación por la fuerza. Al menos 140.000 afganos, los principales afectados, regresaron a su país natal antes del pasado 1 de noviembre, sorteando el caos en las fronteras y con la angustia de un futuro incierto en un país sumido en una grave crisis económica y social. Pakistán, que aunque reconoce la presencia de 1,4 millones de afganos no es firmante de la Convención sobre refugiados de 1951 ni cuenta con una legislación específica, estima en unos 1,7 millones los migrantes indocumentados procedentes de Afganistán. Sin documentos oficiales que acrediten su condición de refugiados, la familia vive con miedo, y con las maletas hechas por si acaso, a que las fuerzas de seguridad se presenten en su hogar. IMÁGENES DE REFUGIADOS AFGANOS ESPERANDO EN UN REFUGIO TEMPORAL EN TORKHAM (AFGANISTÁN) A SU REGRESO A AFGANISTÁN.