La polémica política que sacude Galicia en relación con la crisis migratoria ante la llegada masiva de embarcaciones a Canarias ha elevado el tono. Tras una semana de reproches y acusaciones en donde la Xunta de Galicia y los alcaldes de los municipios a los que se están trasladando a los inmigrantes critican la gestión «oscurantista» del Gobierno central, la controversia se ha disparado con la decisión de derivar a un ayuntamiento del PP a los inmigrantes que rechazó uno socialista.

La intención inicial era alojar a 40 inmigrantes en la localidad coruñesa de Sobrado dos Monxes, pero el alcalde socialista, Lisandro Santos, se negó. «No es lo mejor para mis vecinos», dijo. El cambio de planes fue inmediato y ayer, el mismo día en que estaba previsto su traslado a ese municipio, llegaron a O Porriño, una localidad de menos de 20.000 habitantes en el sur de Pontevedra.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, se enteró de su llegada a través de los medios de comunicación. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, confirmó a la prensa a media mañana ese traslado, cuando los inmigrantes ya habían empezado a llegar, y, sin embargo, no habló por teléfono con el regidor hasta horas después, a última hora de la mañana. «Somos un pueblo solidario, pero lo que está claro es que no podemos enterarnos el mismo día que ya están aquí», critica en conversación con EL MUNDO.

«Eres el alcalde, la gente está preguntando, sale en todos los medios y tú sin saber nada», lamenta este regidor, que regresó a la Casa Consistorial tras una reunión y se encontró cámaras de televisión preguntándole por una situación que afectaba directamente a su municipio sin que él supiese nada.

“DESINFORMACIÓN TOTAL”
El delegado del Gobierno visitó una empresa de la localidad sin avisarlo, pero esa descortesía institucional no es la que molesta al alcalde, que la entiende como parte del juego político de que pertenecen a partidos diferentes. Lo que le genera «malestar» es la «desinformación total». Alejandro Lorenzo se muestra dispuesto a colaborar con la atención a los recién llegados, pero exige mayor colaboración entre instituciones: «Tiene que haber información, comunicación, respeto y coordinación».

Cuando, a última hora de la mañana, logró hablar con el delegado del Gobierno, éste le dijo que «fue algo que tuvieron que solucionar a todo correr», explica el alcalde. A continuación, le aseguró que no tenía que preocuparse por nada, pues el Gobierno central correría con todos los gastos y se encargaría de todas las gestiones. Sin embargo, esa explicación no convence al alcalde, que insiste en que «más allá del color político, aquí estamos hablando de cosas muy importantes, es una situación compleja en la que vamos a intentar colaborar».

Esos 40 inmigrantes , todos procedentes de Senegal y, en principio, todos mayores de edad, pasaron las primeras horas ajenos a cualquier polémica política, alojados en el albergue de peregrinos Senda Sur. La ONG Diversidades, de la Red Acoge, se encarga de la acogida y rechaza hacer valoraciones o explicar el trabajo que realizan, pero este periódico sí ha podido comprobar cómo transcurrieron esas primeras horas, entre papeleos y dotación de recursos, pues muchos llegaron con prendas y calzado de verano a un pueblo lluvioso a las puertas de un temporal.

Les entregaron ropa y zapatos adecuados y los recién llegados incluso pudieron darse un primer paseo por el pueblo para acudir a comer a un local cercano. Su presencia no pasó desapercibida y tuvieron un buen recibimiento. «A mí no me han molestado. Yo también fui inmigrante en Venezuela durante 58 años y sé que nunca está libre uno de estar en una situación así», relata Susa, una vecina de la Rúa da Foz, la misma en la que se localiza el albergue.

Este establecimiento está habitualmente dedicado a acoger a peregrinos del Camino Portugués y cuenta con 48 plazas en dormitorios compartidos. Los recién llegados, sobre 40, ocuparon una parte y coincidieron con algún peregrino con los que se les pudo ver charlando a las puertas del establecimiento.

Todo el mundo los veía pero nadie informaba de ello. «Están en O Porriño y O Porriño sin saberlo», critica el alcalde. Esa crítica, sin embargo, no significa que no quiera que estén en la localidad, donde la opinión mayoritaria de los vecinos es favorable a su llegada. «Me parece muy bien, estoy a favor de que el pueblo crezca», relata a este periódico Jessica, una vecina. «Me es indiferente, me da pena por ellos que tengan que estar así, pero a mí no me afecta», añade María.

Me parece muy bien, estoy a favor de que el pueblo crezca

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, lamenta la polémica, criticando que la Xunta y «algunos alcaldes» no muestran «ninguna solidaridad» con la crisis migratoria y que «por este tipo de ruido» que han causado en los últimos días las administraciones autonómica y locales «hubo que hacer este tipo de cambios» como el de Sobrado dos Monxes por O Porriño o, por ejemplo, reducir el número de inmigrantes que preveían trasladarse a Sanxenxo, localidad pontevedresa cuyo alcalde popular, Telmo Martín, se mostró especialmente beligerante con el traslado. De los 350 que se planeaban, ahora se han reducido a «80 o 90».

«No es de recibo que el PP en este sentido esté bajo la apariencia o disculpa de que no hay información», critica Pedro Blanco, que asegura que sí ha habido información «clara y constante» y que el PP solamente está poniendo «palos en las ruedas para echar una mano para aliviar la presión en Canarias».

El representante del Gobierno en Galicia justifica que estos traslados desde Canarias son «legales y ordenados», para atender a «la demanda del Gobierno canario», mientras que la Xunta insiste, de nuevo, en que el Ejecutivo socialista actúa «de espaldas» al Ejecutivo autonómico. Así, desde la Consejería de Política Social llevan días mostrando su «voluntad de colaborar» en la acogida, como «tierra solidaria» que es Galicia, pero ven «injustificable» que el Gobierno central actúe de este forma, y se enteren «a través de la prensa y de otras vías extraoficiales».

La consejera de Política Social, Fabiola García, lamenta la «falta de respeto institucional» por parte del Gobierno central, insistiendo en que Galicia demostró «siempre» y va a demostrar «ahora» que es solidaria.