El Ministerio de Refugiados de la autoridad talibán en Afganistán estimó el domingo que al menos 8.000 refugiados han regresado ya al país en las últimas 24 horas procedentes de Pakistán. El motivo, el ultimátum lanzado por Islamabad a los casi dos millones de inmigrantes afganos que viven en situación irregular dentro de sus fronteras: o abandonan el territorio antes del próximo 1 de noviembre es decir, en apenas dos días de manera voluntaria o enfrentarán arrestos masivos y deportaciones forzosas. Una polémica iniciativa de las autoridades paquistaníes contra la inmigración ilegal que responde al incremento de atentados suicidas de los que acusa a milicianos yihadistas infiltrados sufridos en lo que va de año, mientras que Naciones Unidas (ONU) lo percibe como una expulsión ilegal.

Los afganos «deportados» están regresando a Afganistán mediante el paso fronterizo de Torjam y se trata de alrededor de 1.358 familias (8.000 personas en total), que se suman a los más de 12.000 que ya habían llegado con anterioridad.

La ONU, además de considerar la deportación masiva de afganos de Pakistán como una práctica ilegal, advierte de que se corre el riesgo de desencadenar una catástrofe en materia de derechos humanos. Por ello, instan a las autoridades paquistaníes a que suspendan las expulsiones a dos días de que se cumpla su plazo máximo. «Estamos muy preocupados de que quienes son deportados se enfrenten a toda una serie de violaciones de derechos humanos, incluidas torturas, arrestos y detenciones arbitrarias, discriminación grave y falta de acceso a las necesidades económicas y sociales básicas», afirmó Ravina Shamdasani, portavoz del alto tribunal de la ONU.

Motivo de especial preocupación, dice Shamdasani, son las mujeres, ya que los talibanes han intentado desde agosto de 2021 «borrarlas por completo de cualquier presencia pública en la sociedad: del lugar de trabajo, de las escuelas e incluso de los parques públicos».

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informa de que Pakistán acoge actualmente a 3,7 millones de refugiados afganos, 700.000 de los cuales huyeron del país después de la toma de poder de los talibanes hace más de dos años. Casi 1,7 millones de ellos se encuentran en Pakistán de manera ilegal, con poca protección legal o medios para conseguir asilo.

La realidad es que, a menos de 48 horas para que finalice el plazo del ultimátum pakistaní, las escuelas de niños refugiados afganos que enseñaban a más de 2.000 ya han cerrado sus puertas. Un cierre que podría significar el fin del derecho a la educación y a un futuro digno de muchas niñas afganas, que se verían obligadas a regresar a un país donde el Gobierno talibán les impiden acceder a la educación secundaria. «Vinimos aquí para recibir educación y tener una buena vida», ha dicho en declaraciones a AFP Nargis Rezaei, de 16 años, quien llegó a Pakistán con su familia. «Ningún afgano quiere volver a Afganistán», continuó.