Los inmigrantes extracomunitarios pendientes de deportación abandonarán, en un mes, los sótanos de la comisaría de La Verneda. Estos locales, según reconoció el propio responsable de este centro, Miguel Ángel Prieto, “se cerrará porque no reúne condiciones” y “se utilizará como archivo”. Las nuevas instalaciones se ubican en la Zona Franca, y tendrán capacidad para 226 personas. El cierre del centro de La Verneda lo han reclamado organizaciones humanitarias, el Síndic de Greuges y el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

En España funcionan 10 centros para inmigrantes extracomunitarios, cuatro ellos en Canarias. Entre el 80% y el 90% de sus ocupantes han delinquido, aseguró de forma contundente el director del centro. Tengan papeles o no, sólo se puede ingresar en este tipo de instalaciones por orden judicial, afirmó Miguel Ángel Prieto. En los delitos graves, se conmuta la pena por la deportación, insistió. Los internos pasan una media de 17,5 días en el centro a la espera de que el juez autorice la expulsión y de la tramitación del viaje de vuelta a su país de origen.

El centro de Zona Franca tendrá el doble de plazas que el de La Verneda. En las nuevas instalaciones habrá 226 plazas: 148 para hombres y 78 para mujeres. El propósito de sus responsables es que no se rebase el límite de su capacidad y que estén libres, al menos, el 15% de las camas. “Cuantos más internos hay, mayor es la dificultad de vigilancia” y “más riesgo” de que se produzcan altercados, explicó el comisario jefe de la Brigada Policial de Extranjería y Documentación, José María Hidalgo.

Las nuevas instalaciones son “anchas y luminosas”, dijo el director del centro. Todo lo contrario que las de La Verneda, explicó Prieto, ya que están en un sótano y “no reúnen condiciones”. En la Zona Franca, habrá habitaciones para cuatro y seis personas, dos estancias de aislamiento y dos módulos para familias con sala de estar, baño y cuatro literas. En la biblioteca del centro se celebrarán oficios de diferentes tradiciones religiosas.

Las previsiones iniciales de la Delegación del Gobierno en Cataluña eran trasladar el centro de La Verneda a la Zona Franca antes de 2003. Finalmente, el nuevo complejo se abrirá en menos de un mes. Durante los últimos años, diferentes colectivos han expresado la necesidad de mejorar las instalaciones para los inmigrantes pendientes de deportación.

El fiscal jefe del TSJC, José María Mena, destacó en su memoria de 2005 que el complejo de La Verneda no disponía de trabajadores sociales porque fueron despedidos por falta de presupuesto. En otro informe, el síndic de greuges, Rafael Ribó, lamentaba las malas condiciones higiénicas del centro y pedía que se mejorara “la higiene y la comodidad de los colchones” y que se proporcionara a los internos “un lote de higiene básico” en el momento de su ingreso. Otro episodio que ilustra el estado de conservación de La Verneda es que, en mayo de 2005, 23 inmigrantes que esperaban ser expulsados se escaparon del centro porque había una puerta rota.