El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presidido este viernes una reunión para coordinar la actuación del ministerio público en relación con las personas migrantes y, en especial, las que son menores de edad, que están llegando en las últimas semanas a las Islas Canarias, de cara a garantizar sus derechos, informó la Fiscalía General del Estado.

En la reunión han participado la fiscal de Sala jefa de la Unidad de Apoyo, Esmeralda Rasillo; la fiscal de Sala Coordinadora de la Unidad de Trata de Personas y Extranjería, Beatriz Sánchez Álvarez; el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía, Diego Villafañe; la fiscal Superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola; la fiscal delegada autonómica de Extranjería, Teseida García, y los fiscales jefes de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Beatriz Sánchez Carreras y José Luis Sánchez – Jáuregui, respectivamente.

El objetivo fundamental del encuentro ha sido garantizar el principio de unidad de actuación del Ministerio Fiscal para proteger los derechos de las personas migrantes, especialmente las menores de edad. En este sentido, la actuación de los fiscales se centra fundamentalmente en los expedientes de determinación de la edad, extremo en el que la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias trabaja para reducir “el colapso” que se está produciendo y que mantiene en un limbo a 2.430 jóvenes en las Islas.

La consejería y la Fiscalía Superior de Canarias han acordado un protocolo para acelerar el número de pruebas que se realizan semanalmente, con el objetivo de poder realizar las 60 pruebas óseas semanales, en vez las 20 actuales, para determinar si se trata o no de menores de edad.

El número de expedientes incoados por este motivo en la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife se ha incrementado notablemente en los últimos años. Si en 2018 se incoaron 38 expedientes, en 2021 fueron 750 y, aunque en 2022 la cifra se redujo a 175, hasta el 22 de octubre ya se habían incoado 1.809 expedientes este año.

La fiscalía también ha mantenido reuniones con las diferentes administraciones públicas e instituciones implicadas, tanto a nivel nacional como autonómico, que han mostrado su colaboración y ayuda para activar los medios necesarios con el objetivo de dar respuesta a esta situación.