Desde el 3 de enero del año pasado, nada es igual en casa de los Bouzefrane. Esta familia argelina vio partir a su hijo Hakim en una patera en busca de trabajo, pero, desde que se marchó, su viaje y su destino han sido un misterio. El mar se tragó su barca, su móvil dejó de dar señal y la angustia pasó a dominar la rutina de esta humilde familia, hasta que, casi dos semanas después de su marcha, las olas arrojaron un cadáver en una playa de Almería. El rostro de aquel hombre en estado de descomposición apenas era reconocible, pero un anillo, una chaqueta de cuero y sus zapatillas daban las primeras pistas: podría ser Hakim.

La obsesión por el paradero de su hijo ha mantenido vivos a sus padres, un electricista y una ama de casa sexagenarios. Pero el desgaste para conseguir respuestas y lo que han descubierto les ha sumido en la rabia y la tristeza. La Interpol, según el documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, les ha confirmado que aquel cadáver era el de su hijo. Y un segundo escrito les terminó de romper. Al dolor de la pérdida de su primogénito, se sumaba algo impensable para ellos: el cadáver fue incinerado antes incluso de ser identificado.

La cremación del cuerpo de su hijo no solo atenta contra su fe —la incineración está prohibida en el Islam—, sino que les ha dejado sin el único consuelo al que pueden agarrarse las miles de familias que pierden a sus seres queridos en países lejanos en su intento de emigrar: repatriar el cuerpo. A los Bouzefrane solo les queda ahora una pequeña bolsa llena de cenizas, que ni siquiera tienen. Aún les queda un tortuoso camino burocrático para llevársela a casa. “Todavía estoy en shock”, dice la madre desde Orán. “¿Por qué han tenido tanta prisa para quemar a mi hijo?”.

El cadáver de Hakim fue cremado el 24 de enero de 2023, un año después de su hallazgo. “Ha sido una cadena de errores, desde el juzgado a la funeraria”, mantiene la abogada Patricia Fernández Vicens, que ha asumido el caso. En sus escritos, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Roquetas de Mar autoriza, en un primer momento, la inhumación, pero en sucesivos documentos, no queda claro si por error, acaba incluyendo el término “licencia de incineración”. La funeraria San José de Almería, donde se guardan todavía las cenizas, niega cualquier responsabilidad. “Teníamos la autorización del juzgado para incinerarlo”, zanjan hartos del caso.

Hakim Bouzefrane, en una imagen sin datar cedida por su familia.
Hakim Bouzefrane, en una imagen sin datar cedida por su familia.
La ambigüedad de los escritos judiciales llevaron el cuerpo de Hakim al crematorio, a pesar de la cantidad de indicios que señalaban que la víctima era un inmigrante de Argelia, un país donde el 90% de sus habitantes son musulmanes. No se tuvo en cuenta que el Islam, como el catolicismo hasta los años sesenta, rechaza la cremación de sus muertos. “Es una decisión que yo no habría tomado”, explican fuentes judiciales conocedoras del caso.

Hakim tenía 26 años y era una persona cariñosa y sencilla, cuentan sus padres. Ayudaba a la gente, a veces, regalaba su ropa a personas que la necesitaban. “Si alguien le pedía algo, se lo daba sin pensarlo”, recuerda su madre. El joven acababa de casarse, pero aún vivía en la casa familiar. Trabajaba con su padre como electricista, pero decidió que en Europa podría aspirar a un futuro más próspero.

—Me voy, reza por mí, le dijo a su padre antes de partir.

—¿Quieres hablar con tu madre?

—No, porque va a llorar y a intentar convencerme de que no me vaya.

La madre no ha dejado de llorar desde entonces. “Nuestra vida cambió por completo. Puedes escribir sobre nuestro dolor como quieras porque todo será cierto. Recuerdo a mi hijo cada mañana, cada tarde. Desde que se fue, hemos perdido el placer por la vida”, lamenta la mujer al teléfono. “Hemos tocado todas las puertas y al final lo hemos encontrado, pero ni siquiera tenemos un cadáver”.

El padre, Abd Al Kareem Bouzefrane, viajó a Almería el mes pasado con la esperanza de llevarse los restos de su hijo y entender qué había pasado. No consiguió ni una cosa ni la otra. Logró ver el expediente del caso, las fotos en blanco y negro del cadáver y las pertenencias de su hijo. Cree que es él, pero no está seguro. El de Hakim es un caso aún más complejo de lo habitual. Tras la autopsia del cadáver, lo habitual es que se tomen muestras de ADN que puedan remitirse al país de origen para que se cotejen con las de sus familiares de primer grado, pero Hakim es adoptado, así que ese cruce nunca dará resultado. La Interpol, sin embargo, con los indicios que constan en el expediente, sí ha dado por hecho que es él. Bouzefrane padre, por si acaso, entregó al juzgado un mechón de pelo de su hijo para que la jueza pueda compararlas con las muestras que se tomaron antes de incinerarle. La magistrada mostró sus dudas de que ese mechón, que no ha seguido ninguna cadena de custodia, pueda ser válido para la identificación.

La incineración de Hakim es un caso raro en España, el primero del que han tenido conocimiento las ONG dedicadas a asistir a las familias de los desaparecidos. “Es sorprendente”, mantiene Miguel Rodríguez Blanco, catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Alcalá. “Tratar a los fallecidos con base en sus creencias es un principio constitucional muy asentado en España, pero aquí hubo falta de cuidado, de diligencia porque podría haberse encontrado una opción menos irreversible”, opina el experto. “Para la familia musulmana esto era un atentado gravísimo”.

Un sistema paralelo
Pero la historia de Hakim, una vez más, ha puesto de manifiesto la odisea que supone para cualquier familia extranjera dar con un pariente desaparecido en su ruta migratoria hacia España.

La ausencia de canales oficiales y sencillos ha facilitado a lo largo de estos años la aparición de todo tipo de intermediarios. Algunos con interés legítimo y altruista, otros atraídos por el negocio de la desesperación. La información sobre la llegada de una patera, el hallazgo de un cadáver o la ropa que llevaba es oro que estos intermediarios exploran informalmente a través de sus contactos en las fuerzas de seguridad, juzgados o funerarias. Es ya un sistema paralelo —y susceptible al engaño— que no para de crecer.

Solo en el caso de Hakim, dos asociaciones se interesaron a través de canales no oficiales por la identidad del cuerpo a petición de la familia. A una de ellas, la jueza, directamente, solicitó que dejase de comunicarse con el juzgado. Ninguna de estas organizaciones, denuncian los padres de Hakim, les informó de que la manera más fácil de identificar a Hakim y recuperar sus restos era dando un poder a un abogado y a un procurador que intermediase por ellos. Tampoco esta era una tarea sencilla para ellos, que no hablan español ni conocían a ningún letrado en España, pero es la que les ha dado más resultado en menos tiempo.

El caso, a pesar de que ya han pasado casi dos años desde el hallazgo del cadáver, sigue abierto. La jueza ha pedido ahora que la Interpol compare huellas dactilares del cadáver con las registradas en los archivos de las autoridades argelinas y ha pedido aclaraciones sobre cómo llegó a la conclusión “indubitada” de que el cuerpo es el de Hakim. Es el último paso para cerrar, por fin, este expediente que ya acumula un centenar de páginas. Es el único hilo al que se agarran los Bouzefrane, que rezan para que se hayan equivocado.