Su abogado asegura que su testimonio es vital para esclarecer los supuestos atropellos que sufrieron en el Centro de Internamiento de Málaga Tres de las primeras internas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga que denunciaron haber sido víctimas de abusos sexuales por parte de policías en el transcurso de fiestas nocturnas celebradas en el propio centro han sido expulsadas de España, según informó ayer su abogado, Jesús Ureña, un hecho que fue confirmado por fuentes de la Delegación del Gobierno a EL MUNDO.

El letrado, que representa a cuatro de las inmigrantes que supuestamente participaron en las fiestas nocturnas por las que fueron imputados siete policías del CIE, señaló que tres de sus clientes ya se encuentran en sus países de origen después de que se les notificase la orden de expulsión los días 1, 2 y 8 de agosto, y que espera que otra de ellas sea expulsada en los próximos días.

Ureña entiende que esta decisión supone un «trato discriminatorio» hacia sus defendidas y responde a «un cambio de criterio» de la Fiscalía, ya que el 26 de julio otras dos internas que supuestamente también padecieron los abusos quedaron, por el contrario, en libertad.

El abogado considera que «es contradictorio» que a unas testigos se les conceda la libertad mientras que a otras se les expulse del país con la consiguiente prohibición de regresar a España durante un plazo de cinco años, por lo que no podrán testificar en el proceso sin una autorización previa de la jueza que instruye la causa.

Además, anunció que en la próxima comparecencia que tenga lugar en el Juzgado de Instrucción número 9 solicitará a su titular, Elena Sancho, que «se pronuncie al respecto», ya que las declaraciones de estas mujeres «son de vital importancia para la investigación».

Ureña explicó a este periódico que dos de las internas expulsadas son de nacionalidad ucraniana y rusa, y mostró sus temores de que se actúe de igual forma con la cuarta de sus representadas, de origen colombiano.

Por otra parte, solicitó que se proceda «lo antes posible» a tomar declaración a la testigo cuya comparecencia fue suspendida el pasado martes por una «indisposición médica» por peligro de aborto, ya que, a su juicio, es probable que le apliquen el mismo criterio que a sus clientes y se le expulse antes de conocer su testimonio, tras haber transcurrido los 40 días de permanencia estipulados en el CIE.

El letrado también instó a la juez instructora a que incluya en el sumario del caso las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro, «que en estos momentos están siendo revisadas por la Policía», y que tome declaración como testigos a las 14 o 15 mujeres que permanecían en el centro durante las fechas en que se produjeron las supuestas fiestas.

Al margen de las juergas nocturnas, otras dos inmigrantes del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga declararon el martes, en calidad de testigos protegidas, contra un nuevo policía acusado de presuntos abusos sexuales, y aseguraron que el agente mantuvo «relaciones completas con penetración» con una de ellas a cambio de comida.

La primera de las testigos admitió haber mantenido relaciones sexuales con el noveno policía imputado «en tres ocasiones» a cambio de alimentos especiales, como fruta, porque padecía «problemas en el estómago».

La jueza decretó finalmente una orden de libertad con cargos para el nuevo imputado, aunque las acusaciones particulares y el Ministerio Fiscal habían pedido la prisión provisional para el agente. De momento, han quedado en libertad provisional sin fianza los tres policías nacionales que permanecieron durante 11 días encarcelados por un delito de abuso sexual. Los otros seis agentes han sido liberados con cargos, a la espera de una resolución judicial que dictamine su culpabilidad o inocencia.