Hace unos días el área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Barakaldo informó de una operación realizada de manera conjunta entre la Policía Local y la Policía Nacional, que se saldó el pasado 27 de septiembre con la detención de once personas, fruto del desmantelamiento de dos asentamientos de migrantes en el municipio fabril. De los arrestados, siete se encontraban en situación irregular, por lo que los agentes procedieron a abrir un expediente de expulsión del país para ellos. Otros tres presentaban cuentas pendientes con la Justicia.

Este lunes la asociación Agharas, encargada de dar a conocer la cultura del pueblo imazighen, pero también de ayudar a las personas sin hogar que se encuentran en la segunda urbe vizcaína, criticó duramente esta actuación en un comunicado. «Encontrarse en este país sin el permiso de residencia en vigor no es un delito, este hecho podría ser calificado como una falta administrativa. Por ello resulta desproporcionado que sea razón suficiente para iniciar procedimiento de orden de expulsión como en este caso ha ocurrido», declaran, asegurando que este hecho genera «una situación de inseguridad y de terror», y que puede condicionar gravemente la salud mental de las personas afectadas, «extendiendo este miedo al conjunto de personas migradas en situación administrativa».

Esta agrupación pide un cambio profundo en la ley de extranjería, y aprovecha para recordar que los servicios sociales en Barakaldo están «continuamente saturados». «No se ajustan a la demanda existente, y además dispositivos estratégicos como el albergue de mujeres de Rontegi o el equipo de educadores de calle cesaron sus servicios en julio, reduciéndose más si cabe la atención prestada».

Agharas además pide un refuerzo y un despliegue de nuevas medidas «que promuevan la equidad, la justicia social y la plena ciudadanía» en Barakaldo para hacer posible, a su juicio, el poder avanzar «hacia estados de mayor seguridad, convivencia y cohesión social».