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BARCELONA. Los «Latin Kings», una de las principales bandas latinas implantadas en España, se han constituido como una asociación legal reconocida por la Generalitat, después de que la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas del Gobierno catalán haya aprobado los estatutos del grupo. Asociación Cultural de Reyes y Reinas Latinas de Cataluña es el nombre bajo el que la banda ha presentado su reglamento, que la Generalitat ha aprobado después de más de dos meses de estudio, al no hallar ningún principio que pudiera ser contrario a las leyes vigentes en Cataluña y en España, confirmaron fuentes del departamento de Justicia.

Su constitución, como entidad legal permitirá a los «Latin Kings», banda hasta ahora perseguida por la Policía, disfrutar de todos los beneficios de una asociación reconocida, como recibir ayudas y subvenciones de las administraciones. Ha sido el Ayuntamiento de Barcelona el que, a finales de 2004, activó un plan para convencer a los «Latin Kings» y a los «Ñetas», la otra banda latina con importante presencia en la capital catalana, de la necesidad de que abandonaran la violencia e iniciaran un proceso de legalización.

Abandono de la violencia

A lo largo de este período, un grupo de juristas y estudiosos ha estado colaborando con los líderes de los «Latin Kings» en la elaboración de los estatutos de la nueva asociación legal, que debe abandonar los ritos violentos de iniciación y obediencia que caracterizan a estos grupos. De hecho, éste ha sido un paso imprescindible para su legalización, pues la ley orgánica de asociaciones de Cataluña prohíbe los grupos que persiguen o utilizan medios tipificados como delito y declara ilegales las asociaciones secretas y de carácter paramilitar.

Por el momento, los «Ñetas» no han presentado los estatutos para su legalización, pero tienen previsto reunirse en los próximos meses con el Ayuntamiento de Barcelona, que también tutelará este proceso, para evaluar la redacción de su reglamento interno.

Según un estudio elaborado por el antropólogo Carles Freixa, entre un 2 y un 5 por ciento de los 50.000 jóvenes latinos que viven en Barcelona pertenecen a alguna banda, grupos que según este experto no son mayoritariamente violentos y están abiertos a jóvenes autóctonos y de otras nacionalidades no hispanoamericanas.

En el conjunto de España hay actualmente entre 500 y 800 miembros de los «Latin Kings», según la antropóloga ecuatoriana Nelsa Cubero, experta en gestión de conflictos, que está colaborando con la Policía autonómica para abordar el fenómeno de las pandillas.

No habrá trato de favor

El alcalde en funciones de Barcelona, Jordi Portabella, anunció ayer que los «Latin Kings» no recibirán un trato de favor del consistorio en las subvenciones y ayudas al asociacionismo. El concejal ha explicado que la nueva asociación «recibirá el mismo trato que otras asociaciones, según el tipo de actividad que desarrolle y su repercusión e implicación social». Portabella alabó el «espíritu» de estos jóvenes que se han constituido en asociación legal, en un proceso que ha contado con el respaldo del Ayuntamiento y la «valentía» de aquellos que apuestan por dar este paso para «no automarginarse».

Por su parte, los Mossos d´Esquadra califican de muy positiva la constitución de los «Latin Kings» en asociación legal como medida para alejar a los jóvenes de la delincuencia, aunque se muestran «prudentes a la espera de ver cómo se materializa con el tiempo el proceso». Fuentes del área de Análisis Estratégica de los Mossos han explicado a Efe que pese a la legalización, seguirá existiendo un grupo dentro del cuerpo de la policía autonómica que haga el seguimiento de este colectivo.

El Sindicato de Policías de Cataluña (SPC – CC.OO.) también celebró la legalización como un «elemento pacificador» y «socializador» de este grupo, «a menudo asociado con la violencia». En declaraciones a Ep, el portavoz del sindicato, David José, lo calificó como un «paso adelante» y «normalizador».

En términos similares se expresó el presidente de la Asociación de Mediadores de Cataluña, Joan Sala, que consideró «muy interesante» y «positiva» la medida y apostó por el traslado de esta experiencia a otras ciudades españolas. Sala sostiene que se trata de una «buena forma» de hacer «un seguimiento» de estos grupos para «poder incidir en ellos» por la «vía de la negociación y no de la represión».
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