Una semana después del doble atentado suicida que dejó 57 muertos en Mastung, en la frontera con Afganistán, Pakistán dio un ultimátum de un mes a los solicitantes de asilo afganos para abandonar el país, medida que afecta a 1,7 millones de personas que viven en situación irregular. El ministro de Interior interino, Sarfraz Bugti, reveló que uno de los suicidas era afgano y dijo que 14 de los 24 ataques suicidas que ha sufrido este año su país han sido obra de afganos. En Islamabad consideran que los problemas de seguridad internos tienen su origen en grupos con base en el país vecino y con la expulsión de los solicitantes de asilo buscan presionar a los talibanes en Kabul.

El movimiento islamista rechazó estas acusaciones y Abdul Mutalib Haqqani, portavoz del Ministerio de Refugiados y Repatriación, recordó que «los afganos que emigran a otros países buscan seguridad». El portavoz del Gobierno de Kabul, Zabihullah Mujahid, consideró «inaceptable» la situación porque «los refugiados no están envueltos en los problemas de seguridad».

Pakistán acoge afganos desde hace décadas debido a las constantes guerras en el país vecino. Alrededor de un millón de afganos están registrados como refugiados y 880.000 más tienen estatus legal para permanecer, según las últimas cifras de Naciones Unidas. Toda la cúpula talibán encontró refugio a este lado de la frontera durante la ocupación estadounidense y uno de los principales centros de poder de los islamistas se situó en Quetta.

La porosidad de la frontera permitía a los talibanes cruzar sin problemas para llevar a cabo sus operaciones. Ahora el movimiento es en sentido inverso y Pakistán quiere poner freno a la oleada de atentados que sufre el país, que deja 1.100 muertos en estos primeros diez meses, según un estudio del centro de estudios estratégico Centre for Research and Security Studies (CRSS).