La futura Ley de Educación vasca ha entrado este martes en su última fase. Los grupos parlamentarios han presentado sus enmiendas al articulado y ahora toca limar asperezas en la ponencia que alumbrará el texto definitivo. Los socios de gobierno, PNV y PSE-EE, han aparcado sus diferencias y han acordado blindar el actual sistema de modelos lingüísticos. Algo que no estaba contemplado en un inicio y que aleja considerablemente a EH Bildu, que da por «superado» el debate en torno a los modelos A, B y D.
Los actuales modelos A, B y D quedan blindados. No obstante, el proyecto normativo sigue abogando por un sistema «plurilingüe» que tenga al euskera como «eje». El objetivo último es que todos los alumnos finalicen la Educación Primaria con un nivel B1 en ambas lenguas oficiales y la ESO con un B2 (además de un B1 en una lengua extranjera). Para ello, cada colegio deberá elaborar su propio proyecto lingüístico, atendiendo a la realidad sociolingüística de su entorno y de su alumnado. EH Bildu quiere introducir sistemas de evaluación internos y externos para garantizar que los objetivos se cumplen.

Capacitación del profesorado

El proyecto enviado por el Gobierno al Parlamento en abril de este año planteaba exigir un C1 de euskera a todo el profesorado. EH Bildu propone elevar el listón y exigir un C2. Los profesores de inglés deberán acreditar un C1 en esta lengua.

Condiciones para la concertada

Se establece una serie de requisitos para poder ser considerado centro de interés social, lo que conlleva poder prestar el Servicio Público Vasco de Educación y, por tanto, acceder a fondos públicos. Entre ellos se sitúa «priorizar» el euskera en el recinto escolar, tanto dentro como fuera de las aulas y la laicidad.

Alumnado vulnerable

La ley aboga por «una distribución equilibrada de la diversidad y de la vulnerabilidad entre todos los centros sostenidos con fondos públicos, a fin de evitar la segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de otra naturaleza». En ese sentido, afirma que «todos los centros que presten el Servicio Público Vasco de Educación» (tanto públicos como, aquí la novedad, concertados) «deberán reservar las plazas que determine el Departamento». Este mecanismo ya se ha implantado por primera vez en la matrícula para el aula de 2 años del curso que viene y ha provocado tensiones en la comunidad educativa.

Gratuidad en Infantil

El Gobierno vasco, mediante decreto, «podrá ampliar la gratuidad desde los dos a los seis años». También se dice que fomentará el Consorcio Haurreskolak «como servicio público de oferta universal, de calidad y gratuita», algo que ya se ha logrado, ya que desde este curso las escuelas infantiles de consorcio son gratuitas con una serie de condiciones.

Consejo Escolar de Euskadi

El principal órgano asesor en materia educativa verá su composición reducida en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la ley.

Nuevos órganos

Se crea el Instituto para el Aprendizaje del Euskera y de las Lenguas que velará por el uso del euskera, el Instituto de Evaluación, Investigación y Prospectiva de la Educación un órgano de carácter técnico y el Consejo de la Escuela Pública Vasca, que ejercerá de «interlocutor» de la escuela pública. El proyecto remitido al Parlamento también contemplaba crear un Consejo Asesor sobre condiciones laborales para ambas redes educativas, la pública y la concertada. PNV y PSE, sin embargo, han optado por suprimir este punto.

Contrato-programa

Instrumento jurídico y económico-financiero suscrito entre los centros y el Departamento para definir condiciones de acceso al programa, metas y objetivos a cumplir, así como el presupuesto adjudicado al centro. El objetivo es evaluar el grado de cumplimiento de los colegios con los criterios exigidos para formar parte del Servicio Público Vasco de Educación.

Religión

Los centros solamente podrán ofrecer «el mínimo establecido por la ley orgánica» y «se garantizará que no haya adoctrinamiento».

Cuotas de la concertada

Los colegios concertados «no pueden cobrar cuota alguna por la impartición» de enseñanzas obligatorias. Para ello, se someterán a auditorías periódicas. La Administración «aportará los recursos públicos para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas».

Formación Profesional

Está regulada en la Disposición Adicional segunda. Se indica que el equipo docente podrá proponer a madres, padres, tutoras o tutores legales, en su caso, la incorporación del alumnado a un ciclo formativo de grado básico. Deberá tener en cuenta «la evolución de la digitalización y de la revolución tecnológica» y «atenderá a que el alumnado migrante obtenga un perfil profesional que le permita condiciones objetivas de empleabilidad, contribuyendo así a su inserción en la sociedad vasca y al desarrollo de su personalidad».