La decisión adoptada por la Generalitat de Cataluña de inscribir a los Latin Kings como asociación cultural legal ha despertado estupor y recelos en la ciudadanía. Ello se ha producido después de que la conocida banda urbana – formada mayoritariamente por jóvenes de origen sudaméricano – haya presentado unos estatutos conforme a la legislación de asociaciones vigente. Pretenden, así, aprovecharse de una cierta cobertura legal, e incluso obtener algunas subvenciones. Pero a nadie se le escapa que el grupo es conocido por su participación en reyertas, que sus líderes se jactan de guiarse por unos principios en las antípodas de los que rigen en nuestro sistema constitucional y que en toda España es vigilado policialmente por su implicación en actos delictivos. Como resultado de la descentralización autonómica por la que es competencia de las comunidades lo relativo a la regulación de asociaciones, se da la paradoja de que en Cataluña se han apresurado a legalizar de iure a la banda, mientras un juzgado de la localidad madrileña de Collado Villalba ha estimado que existen indicios de delito de asociación ilícita por pertenencia a la misma. Además, sigue abierto el procedimiento judicial contra 14 de sus integrantes, entre ellos su fundador en España, condenado por robo, detención ilegal y violación. Sólo los tribunales pueden ahora revocar esta polémica decisión administrativa de la Generalitat.