El Gobierno conservador de Rishi Sunak —como antes el de sus predecesores Liz Truss o Boris Johnson— ha descubierto que el incumplimiento de la legalidad internacional puede ser un arma útil de política nacional. Lo fue para enfrentarse a la Unión Europea con el Brexit y lo está siendo para estimular el voto conservador con el delicado asunto de la inmigración irregular y los refugiados. La ministra del Interior, Suella Braverman, ha decidido que ha llegado la hora de reinterpretar la Convención Europea para los Refugiados de 1951, de la que forma parte el Reino Unido, y restringir en buena medida el número de casos en que se concede asilo a una persona. Por ejemplo, ha sugerido Braverman, el hecho mismo de temer una posible discriminación por ser gay o lesbiana no debería bastar para obtener la protección que el derecho internacional otorga con el estatuto de refugiado.

“A medida que se ha ido aplicando la ley [la Convención, asimilada por el derecho nacional británico], hemos visto en la práctica un giro interpretativo por el que ya no se protege frente a la persecución, sino por algo más parecido a la definición de discriminación”, ha dicho Braverman este martes en Washington.

La ministra había sido invitada por el centro de pensamiento ultraconservador estadounidense American Enterprise Institute, dentro de una visita de tres días al país. En teoría, era una conferencia en la que Braverman, que no oculta su línea dura respecto a asuntos como el Brexit, la inmigración o la seguridad, se limitaba a expresar sus ideas políticas. Pero en el comienzo de un año profundamente electoral, y con la obsesión del Gobierno de Sunak por frenar la llegada de irregulares a suelo británico, el mensaje de la responsable de Interior iba más dirigido a sus votantes conservadores que al público estadounidense.

Según las cifras que maneja el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en el Reino Unido hay en la actualidad casi 232.000 personas con estatuto de refugiado. A eso se suman casi 128.000 pendientes de que la administración británica resuelva su petición. Sunak se comprometió en su momento a reducir a la mitad este bloqueo, pero hace ya meses que matizó esa promesa, consciente de su imposibilidad.

La frustración de Downing Street, incapaz de frenar la llegada de inmigrantes irregulares a sus costas a través del canal de la Mancha, se ha convertido en un ataque contra la justicia europea, contra sus propios tribunales y contra el derecho internacional. El Gobierno de Sunak se prepara para una importante batalla judicial en el Tribunal Supremo, después de que un tribunal de apelación tumbara su plan de deportar a Ruanda a los recién llegados, sin darles el derecho a solicitar asilo en territorio británico. “Las deficiencias en el sistema de asilo de Ruanda son tales como para admitir que existen bases sólidas para creer que haya un riesgo real de que las personas enviadas a aquel país sean devueltas a sus países de origen y acaben sufriendo persecución o trato inhumano, cuando de hecho tendrían argumentos para recibir asilo”, sentenciaron los magistrados.

Si la primera orden de frenar los vuelos de deportación vino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la segunda de la propia justicia británica, Acnur también se ha convertido en un poderoso rival de Sunak frente a su estrategia para frenar la llegada de embarcaciones con irregulares. Por todo ello, el Gobierno conservador ha decidido, con el aplauso de sus filas, que debe atacar lo que, según su entender, es la raíz del problema: la Convención Europea para los Refugiados.

“Permítanme expresarme con claridad”, ha dicho Braverman en Washington. “Hay muchas zonas del mundo donde resulta extremadamente difícil ser gay o ser mujer. Y allí donde esas personas sean perseguidas, lo justo es que nosotros les ofrezcamos un santuario”, ha proseguido. El discurso de la ministra, sin embargo, es más importante por los matices y excepciones que plantea. Como dicen los anglosajones, el diablo está en los detalles. “No seremos capaces de sostener el actual sistema de asilo si, por el simple hecho de ser gay o mujer, y temer una posible discriminación en tu país de origen por ese motivo, sea suficiente requisito como para obtener protección. El actual statu quo, por el que cualquiera puede viajar a una amplia variedad de países seguros e incluso residir en ellos durante años, mientras se deciden por un destino concreto en el que solicitar asilo, es absurdo e insostenible”, ha proclamado Braverman.

Cifras infladas
Braverman y Sunak se aferran a unos cálculos dudosos para inflamar sus previsiones. El Centro para Estudios Políticos, una fundación de análisis creada en su día por Margaret Thatcher, asegura que, bajo la definición actual de potencial refugiado defendida por la ONU, hasta 780 millones de personas podrían acogerse a ese estatuto legal. Se refieren al número total de personas que, según sus propias estimaciones, podrían en estos momentos tener “un miedo fundado de ser perseguidos por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opiniones políticas”. Esta previsión, deliberadamente exagerada, contrasta con los 35 millones de refugiados que según Naciones Unidas había en todo el mundo en 2022.

En cualquier caso, la batalla de cifras ha sido utilizada por Braverman para reclamar un cambio en el modo de hacer las cosas. “Es nuestra competencia, la de los políticos y líderes mundiales, preguntarnos si la Convención para los Refugiados y, sobre todo, el modo en que ha sido interpretada en los tribunales, se ajusta al mundo moderno. O si es necesario reformarla”, ha propuesto la ministra.

Las palabras de Braverman han elevado la tensión entre su ministerio y las organizaciones humanitarias de ayuda a los refugiados, en alerta constante desde que el Gobierno de Sunak comenzó a endurecer su política de fronteras. “Un mundo en el que el Reino Unido y otros países de Occidente levantan el puente levadizo y dan la espalda a todos aquellos que han sido perseguidos, torturados o aterrorizados por su género, sexo o cualquier otro motivo es un mundo que ha dado la espalda a la creencia en una humanidad y unos derechos comunes”, ha denunciado Enver Solomon, el director ejecutivo de la organización UK Refugee Council.

La oposición laborista, acostumbrada a cierto funambulismo argumental cuando se trata de la inmigración, consciente de la sensibilidad electoral del asunto, ha arremetido en esta ocasión contra el discurso “profundamente divisivo” de Braverman: “Ha perdido el control del caos conservador respecto a la concesión de asilos. Utiliza como chivos expiatorios a las personas LGBT, y lleva a cabo un juego profundamente divisivo y políticamente dañino que no se corresponde con el nivel exigido a su ministerio”, ha denunciado Yvette Cooper, la portavoz de asuntos de Interior del principal partido de la oposición.

Sunak ha apostado en gran medida su posible reelección, a finales de 2024, a la lucha contra la inmigración irregular, uno de los asuntos que más irrita al electorado conservador, según todas las encuestas. Las medidas desplegadas hasta ahora, sin embargo, —deportaciones a Ruanda, prisiones flotantes o la negativa a solicitar asilo si se llega al país por vías irregulares— han provocado la condena internacional de muchas organizaciones humanitarias, y la desaprobación mayoritaria de la ciudadanía británica.