Para el Sindicato de la Policía alemana (GdP), reimplantar controles en las fronteras interiores de la Unión Europea (UE) es impracticable y, a la larga, atentatorio contra el principio de la libertad de movimientos dentro del espacio Schengen. Para el Gobierno de Olaf Scholz, se trata de una medida necesaria ante la acción de las mafias que actúan desde Polonia, principal país de entrada de inmigración irregular hacia Alemania. “Mi objetivo es presionar al máximo sobre las redes de tráfico de personas, que impulsan a los migrantes hacia nuestras fronteras en condiciones infrahumanas, sin agua y al borde de la asfixia”, afirmó este martes en declaraciones a la radio pública Deutschlandfunk la ministra del Interior, Nancy Faeser, durante el anuncio de la extensión de los controles.

La llamada “ruta polaca” ha sustituido a la que en la crisis migratoria de 2015 funcionó a través de los Balcanes. Se estima que en lo que va de año ingresaron de forma irregular en Alemania unas 45.000 personas. De éstas, cuatro de cada cinco lo hizo través de ese país vecino o de la República Checa y, en su inmensa mayoría, por la acción de las mafias o redes de tráfico humano.

Desde la GdP han calificado de inviable establecer estos controles de forma permanente en los 467 kilómetros de frontera germano – polaca. Los que hubo hasta el ingreso de Polonia en la UE quedaron inhabilitados y establecer ahora puntos de control aleatorios sería “improductivo”, según la vicepresidenta del sindicato policial, Erika Kruase – Schröne. Son fácilmente detectables por esas mafias, que optan sin mayores dificultades por buscarse un “desvío” para sortearlos.

Los controles suelen implantarse en situaciones excepcionales, como fue con la pandemia o incluso ante grandes eventos deportivos que pueden implicar movimientos “inusuales” de ciudadanos. Pero mantenerlos más allá de esas circunstancias puntuales supera las capacidades de los efectivos actuales e implica alterar la libertad de movimiento entre los socios de la UE y el llamado espacio Schengen, prosigue la GdP.

Faeser argumenta, sin embargo, que este tipo de controles ya se practican en la frontera sur del país entre Baviera y Austria, precisamente desde tiempos de la crisis migratoria de 2015, en que entraron en el país hasta un millón de refugiados. Alemania no está actuando unilateralmente, añade la ministra, ya que a su vez Polonia está reforzando sus controles en los 540 kilómetros de frontera compartida con Eslovaquia.

La medida adoptada por el tripartito de socialdemócratas, verdes y liberales de Scholz se produce en medio de las presiones de la oposición conservadora sobre el Ejecutivo para que se imponga un tope cuantitativo a la llegada de peticionarios de asilo. Los poderes regionales y municipales vienen advirtiendo que están desbordados en sus capacidades de acogida, ya que al millón largo de refugiados procedentes de Ucrania llegados al país desde el inicio de la invasión rusa se suman los 250.000 solicitantes de asilo de otras procedencias recibidos este año y la mencionada inmigración irregular.

Las alusiones alemanas a las mafias de tráfico de personas se producen en un momento de tensiones entre Varsovia y Berlín por el escándalo de los visados que, bajo soborno, se han vendido desde varios consulados polacos en Asia y África. El asunto saltó a los informativos la semana pasada, con cifras divergentes: un par de centenares, según el Ministerio de Exteriores polaco, o entre 200.000 y hasta 325.000, según la oposición. Bruselas y Berlín han instado a Varsovia a esclarecer lo ocurrido y recordado que un visado para Polonia implica acceder a la libre movilidad y al mercado laboral por todo el espacio Schengen.

El propio canciller Scholz aludió a esa cuestión en un reciente acto electoral en el estado de Baviera, donde el 8 de octubre se celebran elecciones regionales. Desde Varsovia se acusó al líder alemán de injerencia en asuntos polacos.

La cuestión ha calentado la campaña electoral polaca, donde el 15 de octubre de celebran elecciones generales. La gubernamental alianza ultraconservadora Ley y Justicia (PiS) va en primera posición en los sondeos con un 36% de intención de voto, mientras que la opositora Plataforma Cívica (PO) obtendría un 30%. El caso de los visados bajo soborno compromete especialmente al PiS, partido antiinmigración que ha rechazado las sucesivas fórmulas de Bruselas para la reubicación de solicitantes de asilo en la UE.