La política migratoria del Reino Unido cada vez tiene menos que envidiar a la de cualquier país gobernado por la extrema derecha. La polémica ministra del Interior, Suella Braverman, ha lanzado este martes un discurso incendiario en Washington en el que ha defendido una revisión de los convenios internacionales sobre la protección de los refugiados, un mayor control de las fronteras y una política de deportaciones indiscriminadas para tratar de frenar el aumento de llegadas irregulares al Reino Unido y a otros países occidentales.

“La inmigración descontrolada e ilegal es un desafío existencial para las instituciones políticas y culturales de Occidente”, ha señalado Braverman en su discurso en el American Enterprise Institute, un grupo conservador de investigación. “Es una regla básica de la historia: las naciones que no pueden defender sus fronteras no sobrevivirán”. En un tono alarmista, la ministra ha alertado de que cerca de 900 millones de personas tienen previsto dejar su país, de las cuales 40 millones con destino al Reino Unido, y ha urgido a los Gobiernos occidentales a tomar cartas en el asunto. “Las soluciones unilaterales y bilaterales y las políticas de disuasión pueden funcionar y funcionan”.

Una de las propuestas presentadas por Braverman es la revisión de los convenios internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, firmada en 1951. “La Convención confiere el derecho teórico a desplazarse a otro país a al menos 780 millones de personas, por lo que incumbe a los políticos y a los líderes de opinión preguntarse si la forma en la que está siendo interpretada por nuestros tribunales es adecuada para la era moderna o necesita una reforma”, ha asegurado la titular de Interior británica, quien ha añadido que el miedo de los países a ser calificados de racistas ha impedido por ahora modificar este acuerdo.

Según la ministra, las leyes aprobadas por los países bajo el marco internacional han rebajado los requisitos en la obtención de asilo y ya no exigen que exista una “persecución”, sino una “discriminación”. “No podremos mantener un sistema de asilo si, en efecto, basta con ser homosexual, o mujer, o tener miedo a la discriminación en tu país de origen, para tener derecho a protección”. El mensaje de Braverman, de padres africanos con orígenes indios, se ha convertido en la piedra angular del Gobierno conservador, que tiene previsto negar el derecho a pedir asilo a todas las personas que lleguen de forma irregular al país. 

Como parte de este plan está el acuerdo alcanzado con Ruanda para deportar a los refugiados, impulsado inicialmente por el exprimer ministro Boris Johnson y al que Sunak pretende dar continuidad, en un intento por captar a los votantes más críticos con la inmigración. Por ahora el Gobierno ya ha pagado 140 millones de libras al país africano (161 millones de euros), a la espera de que la justicia británica se pronuncie sobre la legalidad del proyecto. El Tribunal de Apelación ya tumbó los planes del Gobierno el pasado junio alegando que incumplen con los convenios internacionales en materia de derechos humanos.

Braverman ha señalado que las deportaciones a terceros países ya funcionaron en Australia, a pesar de las numerosas críticas de las organizaciones internacionales, y ha asegurado que muchos países ven con buenos ojos este tipo de medidas. “Cuando anunciamos el plan por primera vez, nuestros adversarios políticos, oenegés y otros sectores tacharon la asociación de truco inmoral, pero es sorprendente cómo muchos gobiernos con ideas políticas variadas han expresado, en público y en conversaciones privadas, su apoyo a este modelo”. Los intentos del Ejecutivo británico para dar legitimidad a su política migratoria, tanto a nivel nacional como internacional, se han convertido en una prioridad a poco más de un año para las elecciones generales.