El clásico policía londinense de Scotland Yard (oficialmente, Policía Metropolitana o Met) se conoce históricamente como un bobby, en recuerdo a Robert Peel, el ministro del Interior que puso en pie la primera fuerza profesional del orden en la capital británica a principios del siglo XIX (Bobby es el diminutivo de Robert). Los bobbies, tradicionalmente, no portan armas de fuego. Pero los tiempos, obviamente, han cambiado. Hoy en día, 2.595 oficiales, según cifras de la propia Met, disponen de licencia de armas y llevan a diario pistola o fusil. Son aquellos destinados a la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado.

Pues bien, al menos 300 de ellos, según cifras recogidas por la BBC, han entregado en las últimas semanas su permiso y sus armas. Lo han hecho para protestar por la acusación de asesinato —y el consiguiente juicio— de uno de sus compañeros, identificado públicamente como NX121 (su procesamiento se lleva en la más estricta intimidad). El agente disparó presuntamente contra el rapero negro Chris Kaba a través de uno de los cristales del Audi negro que conducía en la noche del 5 de septiembre del año pasado. Un solo tiro. En la cabeza. Kaba, de 24 años, no portaba ningún arma. Le perseguía un coche policial de incógnito por Kirkstall Gardens, un barrio del sur de Londres, hasta que chocó contra otro coche de las fuerzas de seguridad. Le perseguían porque una cámara había identificado la matrícula como la de un vehículo ya involucrado en otro incidente con armas de fuego la semana anterior. No pertenecía a Kaba.

Después de una investigación interna llevada a cabo por la propia Met, la Fiscalía de la Corona decidió instruir una investigación penal. NX121 fue acusado de asesinato, y permanece desde entonces en libertad bajo fianza, previa entrega de su pasaporte y con la condición de permanecer localizado en su mismo domicilio.

La ministra se suma a la protesta
El procesamiento por asesinato del agente provocó la reacción de protesta de centenares de sus compañeros, que comenzaron a entregar las armas y dejaron a la Met en una situación de debilidad. Hasta el punto de que el propio Ministerio de Defensa ha admitido públicamente que recibió una Petición de Ayuda Militar de las Autoridades Civiles (MACA, en sus siglas en inglés) por parte del Ministerio del Interior. Es decir, el Gobierno ha pedido ayuda al ejército, para que “en caso de que sea necesario” colaboren en las tareas de seguridad que corresponden a la Met. Finalmente, según ha anunciado la propia Met, no ha sido necesario incorporar soldados a sus tareas, al haber podido reclutar agentes armados de otras policías locales británicas.

Más allá de la imagen de debilidad en la seguridad que la petición de ayuda conllevaba, el asunto se ha agravado con la intervención de la ministra del Interior, Suella Braverman, que ha decidido tomar partido por los policías rebeldes. “Dependemos de nuestros valientes policías para protegernos frente a los componentes más peligrosos y violentos de la sociedad. En defensa del interés público, deben tomar decisiones en fracciones de segundo y bajo circunstancias de extraordinaria presión”, ha dicho Braverman, que representa al ala más dura de los conservadores, pero ha contado hasta ahora con el apoyo del primer ministro, Rishi Sunak, en su política de mano dura, especialmente con los inmigrantes en situación irregular. “No deben temer [los agentes armados] poder acabar en dique seco simplemente por cumplir con su deber. Aquellos agentes que ponen en riesgo su vida para protegernos cuentan con mi apoyo total, y haré todo lo que esté en mi mano para apoyarles”. La ministra ha ordenado que se lleve a cabo una revisión completa de las condiciones en las que deben actuar los policías armados, para evitar tener que afrontar un juicio, ha dicho, simplemenete por cumplir con su obligación.

La propia Policía Metropolitana se ha sentido con la suficiente fortaleza y apoyo político como para intervenir en el debate político que ha surgido. “Nuestros agentes se muestran inquietos, con razón, por el modo en que otros pueden llegar a juzgar a posteriori decisiones que se han tenido que tomar en cuestión de segundos, con el lujo de poder tomarse el tiempo que deseen para evaluar esos incidentes, y con el daño que esto provoca a los oficiales y a sus familias”, ha dicho Mark Rowley, jefe de Scotland Yard.

La postura de Braverman y de Sunak ―que contiene un evidente mensaje electoral de mano dura en un momento en el que los conservadores necesitan cortejar a su electorado― ha recibido duras críticas de la oposición laborista, de organizaciones defensoras de los derechos humanos y de expertos juristas, que han acusado a la ministra de injerencia, con sus declaraciones y actitud, en un proceso judicial en curso. “No hay ninguna justificación para esta actitud. ¿No basta con informar en privado a los representantes de la Policía Metropolitana de sus planes de revisión? No, tenía que intervenir públicamente en el asunto [sus declaraciones de apoyo las hizo en su cuenta de X, antes Twitter], y provocar un impacto potencial adverso sobre el proceso judicial”, ha acusado Nazir Afzal, exfiscal jefe para el Noroeste de Inglaterra entre 2011 y 2015. “¿Ha habido en la historia reciente una injerencia peor intencionada y errónea de un ministro del Interior en un proceso judicial?”, se ha preguntado el laborista John Denham, exportavoz del partido de la oposición en materia de Justicia.

Pero Sunak, que lleva acribillado por propios y extraños más de una semana desde que anunció sus planes electoralistas de dar marcha atrás en muchos de los compromisos medioambientales del Gobierno, se ha aferrado al asunto, consciente de su popularidad entre los votantes conservadores. “Nuestros agentes armados llevan a cabo una tarea muy difícil”, ha dicho el primer ministro conservador este lunes, “y merecen nuestro agradecimiento por su valentía”.