La crisis migratoria que tuvo que afrontar en 2015 y 2016 la entonces canciller federal Angela Merkel con la llegada en un año de más de un millón de peticionarios de asilo, está de vuelta en Alemania. Aunque en realidad no se había ido, sino reducido en los últimos tiempos para resurgir ahora con más fuerza aún. Desde enero y hasta finales de agosto más de 200.000 personas han solicitado asilo en la primera economía europea, un 77% más que en el mismo periodo del 2022. A ello hay que sumar los más de 1,1 millones de ucranianos que se han instalado en suelo germano huyendo de la guerra y a los que se ha concedido automáticamente la condición de refugiados y los permisos de residencia y trabajo sin tener que superar los trámites que deben sortear afganos, sirios o somalíes, entre otras muchas nacionalidades.

La nueva avalancha desborda sobre todo a los municipios, responsables de acoger, dar techo y alimentar al flujo de personas que huyen de sus países, ya sea por motivos políticos o simplemente escapando de la pobreza. Hasta determinarse si son considerados asilados se trata a todos igual. Metrópolis, ciudades y pueblos se encuentran ya al límite para ofrecer una acogida digna. El mejor ejemplo es Berlín, donde las autoridades locales dieron ya la voz de alarma la semana pasada. «La capacidad en los centros de acogida es igual a cero», advirtió un portavoz de la Oficina para Asuntos de Refugiados. Las 32.000 plazas que tiene la capital alemana para alojar provisionalmente a migrantes están cubiertas y todo apunta a una inevitable masificación de estos refugios.

«La inmigración no se reduce, todo lo contrario, y con la llegada del próximo invierno puede ser que la situación se dinamice aún más», advertía la senadora de Asuntos Sociales del gobierno de la ciudad estado de Berlín, la socialdemócrata Cansel Kiziltepe, quien apuesta por aumentar las capacidades de los grandes centros de acogida, los mayores de ellos en las terminales de los antiguos aeropuertos de Tempelhof y Tegel, que se cerraron al tráfico aéreo hace años y llevan desde mediados de la pasada década dando cobijo a los peticionarios de asilo recién llegados a la capital germana. Pese a la amenaza de colapso, Kiziltepe afirma que «toda persona que llegue a Berlín pidiendo ayuda, tendrá cama y un techo sobre la cabeza».

Todo ello ha reabierto un debate que muchos consideraban superado. Por ejemplo, sobre un límite superior de acogida anual de refugiados, una cuestión que ahora ha recuperado el primer ministro de Baviera y presidente de la Unión Socialcristiana (CSU), Markus Söder, aunque ha cambiado la terminología. Ahora habla de un «límite superior de integración» de unos 200.000 al año. Una apreciación que ha rechazado este lunes de plano la ministra federal de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser, tras recordar que Alemania está comprometida «con la Convención de Ginebra para los Refugiados y la Convención Europea de los Derechos Humanos». Para Faeser «lo único que puede ayudar realmente es una solución europea» al problema.

Los liberales (FDP), miembros del tripartito que gobierna el país, son partidarios a su vez de una actuación restrictiva en las fronteras exteriores de Europa y sobre todo su secretario general, Bijan Djir-Sarai, nacido en Irán y criado en Alemania tras huir del régimen ultrareligioso de su país, es partidario de una severa política de inmigración. Conservadores y liberales defienden además reinstaurar controles fronterizos con Polonia y la República Checa, que se han convertido en coladeros del contrabando humano y las mafias que se lucran transportando migrantes. Una medida que rechazan socialdemócratas y verdes, también por las consecuencias económicas, entre otras cosas, porque esos controles ralentizarían las cadenas de suministros.

Acelerar las deportaciones
Limitar la acogida de refugiados o incrementar los controles fronterizos no son las únicas medidas a debate. La discusión alcanza también a la repatriación de aquellos cuya petición de asilo ha sido rechazada y que en Alemania suman actualmente 280.000 personas. Aunque el Gobierno de coalición se comprometió al inicio de la legislatura a acelerar las expulsiones, el aumento de las repatriaciones es mínimo. En el primer semestre de este año solo hubo 7.861, frente a las 6.198 del mismo periodo de 2022. La oposición conservadora exige más diligencia, pero son los países de origen los que más problemas plantean a la hora de recibir a sus nacionales.

Lo cierto es que la situación en Alemania tampoco es la misma que hace ocho años, cuando la avalancha de refugiados que llegaba por la vía de los Balcanes era recibida mayoritariamente con los brazos abiertos por unos alemanes conscientes de las penurias y sufrimientos que habían padecido. La solidaridad de entonces ha desaparecido. Un sondeo del instituto demoscópico Civey para el semanario ‘Der Spiegel’ revela que el 84% de la población piensa que son demasiados los peticionarios de asilo que llegan al país y un 82% cree que las autoridades y los políticos son incapaces de sortear esta crisis. «El ambiente en la sociedad ha volcado, también entre la burguesía ilustrada», comenta Richard Arnold, alcalde de Schwäbisch Gmünd, que lucha por dar una acogida digna a los refugiados en su municipio.

El creciente malestar explica el auge de los populistas y euroescépticos de Alternativa para Alemania (AfD). La formación ultraderechista y xenófoba es la que mayor partido saca de la crisis migratoria. Los últimos sondeos sobre intención de voto les conceden un 23% de sufragios potenciales, por delante de cualquiera de los tres partidos que gobiernan el país y solo por detrás de los conservadores de la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana de Baviera. En algunos estados federados en el este del país se han convertido ya en primera fuerza política, aunque hasta ahora AfD se encuentra aislada por el pacto de las demás formaciones para no colaborar y mucho menos aliarse con ellos.

El vuelco en la opinión pública alemana ya se ha dado antes en otros países. Hungría y Polonia fueron los primeros miembros de la UE en cerrarse a los refugiados y su ejemplo ha sido seguido por otros territorios del este de Europa. Pero también Estados ricos como los escandinavos han endurecido su política de asilo y apuestan ahora por la disuasión, empeorando las condiciones para quienes llegan a ser acogidos.

En Alemania los políticos han iniciado un giro la misma dirección y lo que se discute son medidas encaminadas a reducir la llegada de migrantes, endurecer la política de asilo, declarar países seguros a estados como Marruecos, Georgia, Túnez y Argelia, cuyos ciudadanos eran aceptados hasta ahora en muchos casos, y buscando el consenso en la UE para sacar adelante una política común para hacer frente a un problema que no va a desaparecer y que probablemente se agravará con el tiempo.