Los siete acusados de formar un grupo criminal que presuntamente se coordinaba para captar a mujeres en Sudamérica y obligarlas a ejercer la prostitución en pisos de Donostia, actividad por la que la Fiscalía les pedía penas que oscilaban entre los 4 años y los 158 de prisión, lo que suponía en total más de 500 años de privación de libertad, han visto muy reducidas su condena este jueves, en la cuarta sesión de la vista oral en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Tras el acuerdo alcanzado por sus defensas, el fiscal ha redactado una nueva petición para los procesados, cinco hombres y dos mujeres, que va desde la absolución a privaciones de libertad por espacio de entre tres meses y cinco años y medio. Las penas totales por los diversos delistos son de 5 años y 6 meses, 5 años, 4 años y 6 meses, 3 años, 6 meses, 3 meses y absolución.

Se les acusaba de delitos de trata de seres humanos, tráfico ilegal de inmigrantes y/o atentado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

Este martes, el tribunal de la sección primera de la Audiencia de Gipuzkoa resolvió invalidar prácticamente dos años de diligencias judiciales como consecuencia de que el plazo inicial para las mismas no fue prorrogado, tal como establece el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De este modo, el tribunal sólo validó las diligencias judiciales acordadas o llevadas a cabo entre el 28 de junio de 2019 y el 25 de marzo de 2020, periodo que incluye también los tres meses bajo secreto, entre septiembre y diciembre. De esta forma, se invalidaba el testimonio de tres testigos protegidas que se sumaron a la causa en diciembre de 2020.

Al día siguiente de este auto, este miércoles, el fiscal mantuvo su escrito de calificación, al entender que los hechos no variaban y, en todo caso, las diligencias invalidadas solo «precisaban» más el relato del resto de las siete presuntas víctimas. Por tanto, mantuvo su escrito de calificación. Las defensas, en cambio, reclamaron que las acusaciones se limitaran a las diligencias validadas, por lo que hasta tres abogados solicitaron el sobreseimiento para sus clientes. Hoy, el Ministerio Público ha accedido a rebajar su acusación.