A quiénes, de qué y por quiénes se acusa. La Audiencia Provincial de Gipuzkoa, donde desde el jueves pasado se juzga a siete personas por presuntos delitos de trata de seres humanos, atentado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y/o tráfico ilegal de inmigrantes, despejará este jueves la incógnita planteada en la sesión del martes, cuando resolvió invalidar todas las diligencias judiciales practicadas a partir de los nueve primeros meses de la instrucción, debido a que el juzgado no acordó la preceptiva prórroga de la misma. En la práctica, el auto del tribunal supone no dar validez a prácticamente los dos últimos años de investigaciones judiciales, lo que diluiría las acusaciones derivadas del testimonio de al menos tres de las siete supuestas víctimas y, por tanto, abriría incluso la vía de un posible sobreseimiento de las causas contra varios de los acusados.

Todo ello, después de que en la sesión de este miércoles –la tercera de la vista oral que se viene celebrando en la sección primera de la Audiencia– el Ministerio Público declinara reformular su escrito de conclusiones preliminares, lo que llevó a varias defensas a pedir el sobreseimiento para sus clientes. El tribunal optó por suspender la sesión para estudiar la resolución que pronunciará este jueves.

El fiscal mantiene su acusación al entender, por un lado, que «el auto de procesamiento no ha sido declarado nulo» por el tribunal y, por otro, tras la invalidez de parte de las actuaciones de la instructora, el relato de hechos «no se ha visto alterado» y, además, «es congruente» con el auto procesal.

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Las imputaciones
El fiscal sostiene las imputaciones derivadas de los hechos, que resume en que «entre el año 2017 y el año 2019, los procesados captaban mujeres en Sudamérica para traerlas violentando las normas en materia de extranjería, y una vez en España (…) eran explotadas sexualmente». En su opinión, el testimonio de las tres testigos protegidas que se ve invalidado tras el auto del tribunal de la Audiencia «precisa» aún más el relato del resto de víctimas, tomado durante la instrucción inicial y «en ningún momento implica alterar el contenido de la acusación» ni «tampoco las personas a las que se imputan esos hechos ni los hechos que se les imputan».

Diligencias judiciales
La instrucción se desarrolló entre los años 2019 y 2022, por delitos como trata y tráfico ilegal de personas
También rechaza que la invalidez de parte de la investigación violente el derecho de defensa, como plantean las defensas con motivo de que los acusados prestaron declaración en fase de instrucción meses antes de que las tres últimas víctimas se sumaran a la causa. Según argumenta la Fiscalía, «el derecho de defensa exige que las defensas, entre muchas cosas, puedan conocer el contenido de la acusación de manera cabal y precisa. Y, desde luego, todas y cada una de las defensas que están aquí saben perfectamente qué hechos fácticos se está imputando a cada uno de sus defendidos».

Tras la intervención del fiscal, cada una de las defensas pidieron ceñir las acusaciones a los hechos recogidos en las diligencias practicadas durante los nueve meses validados por el tribunal, que son los transcurridos desde que se incoara la causa, el 28 de junio de 2019, hasta el 25 de marzo de 2020. Esto ha llevado a que al menos tres letrados hayan pedido el sobreseimiento del procedimiento penal para sus clientes. El propio tribunal admitió ayer la probabilidad de que algunos de que quienes se sientan en el banquillo puedan «abandonar» la sala a partir de este jueves.

Audiencia de Gipuzkoa
Las defensas piden anular parte de la instrucción por un error, y el tribunal solo accede a dictar su invalidez
Vista oral
Pese a la invalidación, el fiscal sostiene su acusación y las defensas le reclaman ceñirla a los hechos válidos
Entre ellos, los dos españoles procesados (otros tres varones y dos mujeres son de origen venezolano): un piloto de una aerolínea regular y el dueño de un hotel rural, que presuntamente gestionarían billetes de avión más baratos y supuestas reservas de habitaciones para simular que las mujeres venían de turismo. Sin embargo, una vez aquí, según detalla el escrito de acusación, eran obligadas a ejercer la prostitución en pisos de Donostia las 24 horas del día, e incluso a compartir drogas con aquellos clientes que lo desearan. Entre todos, se enfrentan a más de 500 años de cárcel.

Testificaciones desde este jueves
El fiscal también mostró su disconformidad con que los acusados vayan a declarar en último lugar, tal como solicitaron las defensas y accedió el tribunal. A su entender, esta circunstancia otorga a los procesados la oportunidad de modular su testimonio en función de lo que se pueda demostrar durante las sesiones previas del juicio.

Precisamente, este jueves comparecerán en la Audiencia las primeras testigos protegidas.