Expertos juristas y oenegés denunciaron las trabas en el proceso de regularización de los migrantes y defendieron el cumplimiento de los derechos ya recogidos en la ley. En la mesa redonda moderada por la periodista de DV experta en Tribunales Aiende S. Jiménez, participaron Arantza Chacón, directora de Zehar Errefuxiatuekin; Juan Luis Ibarra, jurista y expresidente del TSJPV; Mónica Arias, fiscal delegada de extranjería de Bizkaia; Mikel Mazkiaran, abogado de Sos Racismo y Nuria Martínez, del servicio Biltzen de la red Aholku Sarea del Gobierno Vasco.

Ibarra expuso un caso de «optimismo» jurídico, el de una menor nacida en tránsito, que ahora vive en Donostia, y a la que se le reconoció la nacionalidad por el riesgo de apatridia, «gracias a la lucha incansable de la madre, la magnífica solidaridad de las oenegés intervinientes y la interpretación del derecho». Llegó en 2018 y hasta 2022 no consiguió los papeles, cuatro años «sin derechos». Ibarra lamentó que en materia de extranjería «no avanzamos porque no somos capaces de ponernos de acuerdo en un procedimiento común» en la UE.

Chacón habló de las personas que solicitan asilo. «Cada vez es más difícil que les identifiquen como personas a los migrantes y que se les reconozcan los derechos», dijo crítica. «A día de hoy iniciar el procedimiento de solicitante en Euskadi es prácticamente imposible. La complejidad viene porque la administración no está dando respuesta a lo que jurídicamente tenemos en las leyes». Estos procesos, reflejó por su parte Mazkiaran, «exigen tiempos que duran años y las personas en situación irregular viven en los márgenes del derecho y en una ficción jurídica». Mazkiaran denunció que «todos los países europeos se están cargando la arquitectura del espacio Schengen, que era un espacio sin fronteras interiores. Irun es una frontera interior y no debería existir. Ese control fronterizo es absolutamente selectivo y racista, con secuencias trágicas. Personas que se mueren por cruzar un río, absolutamente inadmisible».

Por su parte, Arias destacó el papel de la Fiscalía en la protección de derechos y la importancia de «ayuda y acompañamiento a lo largo de todo el procedimiento» migratorio para no caer en tramas de trata de seres humanos, «la nueva esclavitud del siglo XXI». Aun y todo, quiso destacar que «inicialmente no se hacía nada y hoy en día tenemos a todas las instituciones a nuestra disposición», como el servicio en el que trabaja Martínez, donde sobre todo reciben consultas que se refieren «a aquellos procedimientos de obtención de autorización de residencia y trabajo inicial». El último cambio en el reglamento de la Ley de Extranjería, con la introducción del arraigo por formación, ha elevado el número de consultas, «una nueva puerta» para entrar, pero no exenta de dificultades.

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«La normativa y la realidad llevan caminos no convergentes»
Patricia Bárcena, adjunta segunda al Defensor del Pueblo, aseguró que hace tiempo que «precupa cómo casar los intereses y salvaguardar los derechos que a todos los seres humanos nos corresponden» y quiso destacar algunos de los temas que considera más problemáticos, como «la gestión de la administración», debido a que «la normativa y la realidad siguen caminos no convergentes. Las personas en situación administrativa irregular son una realidad desde hace años en este país y en Europa y es un problema estructural».