El Gobierno sueco, formado por una coalición de partidos liberales – conservadores (gracias al apoyo exterior de la ultraderecha), da un paso más en su cometido para aplicar la mano dura contra la inmigración. El Gobierno ha anunciado que está estudiando una proposición de ley para que los trabajadores del sector público tengan la obligación de denunciar ante las autoridades migratorias a personas sin permiso de residencia en Suecia. En la proposición se plantea que los funcionarios de instituciones gubernamentales como ayuntamientos y servicios públicos puedan correr el riesgo de enfrentarse a sanciones si no contactan con la policía cuando atiendan a una persona migrante en situación irregular. Sin embargo, las posibles sanciones aún no han quedado especificadas.