“Los inmigrantes que cobran a los conductores no violan ninguna ordenanza. Carecemos de herramientas jurídicas para impedir que estén ahí”. Fuentes del Ayuntamiento de Madrid reconocieron ayer ser conscientes de la situación creada por los gorrillas en numerosos puntos de la capital, pero explicaron que no pueden hacer nada para impedir sus actividades.

Esta afirmación no les coge por sorpresa a los responsables del Parque de Atracciones. Preguntados por este periódico, los portavoces del centro de ocio respondieron que han reclamado varias veces al equipo de gobierno del Ayuntamiento que “controlen o regularicen de algún modo esta situación que afecta a varias empresas privadas de esta ciudad”. El Parque de Atracciones afirma que el Ayuntamiento es el gestor y dueño de los espacios públicos destinados a estacionar en la Casa de Campo y que, tanto el Consistorio como la Policía Municipal, conocen esta práctica no regularizada, que “puede afectar directamente a empresas privadas, que se encuentran en este espacio verde y lúdico de la ciudad de Madrid”.

El Ayuntamiento, ante esta situación, pide que el Congreso de los Diputados apruebe una ley que les permita actuar contra este tipo de prácticas. El equipo de Alberto Ruiz – Gallardón reclama un debate social en el que se establezcan los límites en los que se mueven actividades como la mendicidad o prostitución.

Nueva legislación

El concejal de Seguridad, Pedro Calvo, ya había despertado la polémica cuando el último día de junio planteó la necesidad de “elevar al Congreso de los Diputados y al Gobierno de la nación” un “informe” en el que se pedía una modificación de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Este cambio pretende dotar a la policía de un “instrumento legal” que le permita trasladar temporalmente a albergues, incluso en contra de su voluntad, a mendigos, prostitutas o toxicómanos que “instalan su morada” en la vía pública degradando y “estigmatizando” el entorno.

Las declaraciones de Calvo se encontraron con la oposición de sindicatos, vecinos y juristas. De “éticamente reprobable y muy difícil de justificar”, tildó la iniciativa del concejal la portavoz socialista, Trinidad Jiménez. Inés Sabanés, de Izquierda Unida, añadió que esta propuesta sería “jurídicamente imposible”.

En el mismo sentido se manifestaron distintos catedráticos de Derecho Constitucional. Antonio Torres del Moral aseguró que “podría conculcar el derecho a la libertad personal recogido en la Constitución”. Ángel Aparicio consideró que si las ideas de Calvo se llevaran adelante, estaríamos ante “detenciones sin cargos, sin acusación”. Por último, el también catedrático Javier Pérez Royo añadió que se “vulneraría el derecho de circulación, el de libertad personal e incluso a la intimidad”.