Un juez local ha declarado culpables a 11 policías de la masacre de Camargo, el asesinato de 19 personas, la mayoría migrantes, en Tamaulipas, en enero de 2021. Se trata de una de las peores matanzas de migrantes de los últimos años, que remite a las de San Fernando, también en Tamaulipas, hace algo más de una década. La diferencia es que en el caso de Camargo, los autores directos de la masacre fueron policías, que además mintieron a las autoridades, señalando que ellos se encontraron ya con los cadáveres. El juez les condena por asesinato, abuso de autoridad y delitos en el desempeño de funciones administrativas. Las penas pueden alcanzar los 69 años de prisión.

El juez, Patricio Lugo Jaramillo, ha asumido buena parte de la tesis de la Fiscalía General de Justicia del Estado, que señalaba a los agentes de acribillar a los migrantes, de rematar a los heridos y prenderles fuego. La Fiscalía se ha basado principalmente en el testimonio de otro policía, Ismael Vázquez, que participó en el operativo que acabó con la vida de los migrantes. Vázquez cambió su testimonio en 2021, para señalar que no era verdad que se hubieran encontrado los cadáveres, sino que fueron sus compañeros quienes los mataron y quemaron sus cuerpos. El juez ha condenado a Vázquez por abuso de autoridad y delito en el desempeño de funciones. La fiscalía retiró la acusación de asesinato en su contra, a cambio de que diese su testimonio.

De igual manera, el juez condena a uno de los 11 policías, la agente Mayra Elizabeth Vázquez Santillana, de falsedad en informes dados a una autoridad, además del resto de delitos. Jefa de la policía estatal en la zona en la época, Santillana redactó el informe de lo ocurrido, presentado ante la Fiscalía, con hechos que ahora el juez señala como falsos. Lugo Jaramillo ha señalado que el martes detallará las penas que finca a cada uno de los condenados y la reparación del daño debida a las familias de las víctimas.

Desde Guatemala, padres, madres, hermanas y demás familiares han seguido la audiencia durante buena parte del día. La expectativa era enorme, más después de tantos meses. De los 19 muertos, 16 eran de pueblos de la sierra sur del país centroamericano, la mayoría de aldeas del municipio de Comitancillo. En entrevista hace unos meses, algunos familiares señalaban sus inquietudes, reflexionaban sobre el futuro sentido de la condena o, más importante aún, si aflorarían los motivos de los policías. No ha ocurrido esto último. Con las condenas en la mano, las familias tendrán que lidiar con la negativa de los agentes. Salvo Vázquez, todos siguen negando los hechos.

“Los migrantes salieron por una necesidad”, ha dicho en la audiencia Yesenia Valdez, abogada de las familias de las víctimas, parte del equipo jurídico de la Fundación para la Justicia. “Nunca pensaron que iban a encontrar en territorio mexicano la muerte, la tortura, la ejecución, mucho menos que lo iban a hacer policías. Si de por sí es difícil para un mexicano obtener justicia, es mucho más difícil para un migrante. Queremos que sepa lo relevante que es para las familias la sentencia que usted emite. Es el primer grupo de familias que ve cómo se condena a los perpetradores por una masacre migrante”, ha añadido.

“Además, es la primera vez que logramos que las víctimas estén presentes en un juicio. Ojalá esta sentencia deje el mensaje de que nadie puede violar los derechos humanos de ninguna persona, pero desde luego tampoco de personas vulnerables, como los migrantes”, ha señalado. “Se trató de un hecho brutal. En lugar de darles agua como pedían, los acribillaron. Y no siendo suficiente, les prendieron fuego. Y esto se tiene que decir, porque no podemos seguir permitiendo que el país se nos escape de las manos y quede en manos de la delincuencia. No son solo los policías, es un sistema que hay que cambiar”, ha concluido.

El juicio ha durado más de tres meses y medio, tiempo en el que se han desahogado decenas de pruebas. Además del testimonio del policía arrepentido, la Fiscalía ha llevado al estrado a un vecino del lugar de los hechos, que negó la versión de Santillana y sus colegas, a saber, que ellos llegaron al lugar de los hechos, con los migrantes ya muertos y ardiendo, porque alguien les dijo que había escuchado tiroteos por allí. El vecino dijo que él vio en realidad cómo varias patrullas de la policía estatal perseguían las camionetas de los migrantes. También escuchó disparos.

Los testimonios de ellos dos, apoyados en el análisis del GPS de una de las patrullas, vídeos de cámaras de seguridad, además de peritajes telefónicos, han configurado un caso sólido a ojos del juez, que ha empleado más de siete horas y media en leer su fallo. Se trata de una decisión histórica en México, que ha visto decenas de casos de desaparición, asesinato y tortura de migrantes en los últimos 15 años, principalmente provenientes del triángulo norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador.

La parte final de la audiencia ha resultado algo confusa, pues el juez ha tomado al pie de la letra un error de la fiscal, que en la lectura de sus alegatos finales esta semana, pidió que se condenara a los 12 policías por homicidio, entre ellos el arrepentido Vázquez, y no solo a 11. Este jueves, el juez ha condenado a los 12 por asesinato, lo que ha motivado una discusión entre la fiscal y la abogada de Vázquez, por un lado, y los abogados defensores de los otros 11 policías, por otro. Las primeras han pedido al juez una aclaración, que tomara en cuenta la acusación original, que eliminaba el señalamiento de asesinato contra Vázquez, y obviara los alegatos finales, en los que la fiscal había cometido el error.

Los defensores, rápidos, han asumido el fallo del juez y han emplazado a las partes contarias a que, si no les gustaba la sentencia, que la recurrieran. Al final, el sentido común se ha impuesto, y el juez ha aclarado que, efectivamente, solo hay 11 condenados por asesinato, además del resto de delitos. Desde el penal de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, dos de los 11, Héctor Alfaro y Horacio Rocha Nambo, han interrumpido al juez, exigiendo que asumiese la condena contra los 12 por asesinato. Nambo, a quien Vázquez señaló de organizar la masacre y de prender fuego a los migrantes, ha criticado incluso que la Fiscalía fue al penal a ofrecer pactos a todos ellos. “Vinieron y dijeron que pusiéramos a nuestros jefes”, ha dicho.

Nambo era el jefe operativo en la zona del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de la policía de Tamaulipas en la época. Fue él quien, según Vázquez, inició la caza de los migrantes, quien disparó contra ellos, entre otros policías, quien ordenó que se rociara con gasolina sus cuerpos sin vida y quien, finalmente, según Vázquez, les tiró un papel ardiendo. Los cuerpos de los 19, algunos apenas mayores de edad, llegaron a manos de los peritos prácticamente consumidos por el fuego.

Quedan muchas preguntas abiertas que el juicio no ha aclarado. La condena de los 12 policías, 11 de ellos por asesinato, la acusación más grave, alude a los agujeros del proceso. El policía arrepentido Vázquez señaló que en el ataque contra los migrantes participaron al menos 24 policías. Solo la mitad han llegado al banquillo de los acusados. ¿Qué hay de los otros 12? De igual manera, una de las dos camionetas que aparecieron calcinadas en la escena del crimen, en la que supuestamente se movían los migrantes, había sido decomisada semanas antes en Nuevo León. El instituto Nacional de Migración debía tenerla en custodia y, sin embargo, los guías o traficantes de los migrantes llegaron con ella a la frontera.