Dos de los acusados en el juicio contra un grupo criminal acusado de explotar sexualmente de siete mujeres en San Sebastián han trasladado a la Fiscalía su voluntad de confesar los hechos y declararse culpables, con el objetivo de obtener así una rebaja de pena. En este caso hay siete personas acusadas, cinco hombres y dos mujeres, que se enfrentan a penas que suman más de 500 años de prisión.

A cinco de ellos se les acusa de captar a chicas en su país de origen, Venezuela, bajo falsas ofertas de trabajo, para después obligarlas a prostituirse en condiciones inhumanas en pisos de Donostia. Además, hay dos acusados de nacionalidad española un piloto de avión y el responsable de un hotel rural a los que se les acusa de colaborar conscientemente para que las mujeres entraran en España de manera ilegal.

El juicio por esta causa ha arrancado este jueves en la Audiencia de Gipuzkoa, en la que las partes tuvieron un turno para presentar cuestiones previas al inicio de las declaraciones de testigos y acusados, que serán a partir del próximo martes. La Fiscalía ha solicitado que dos de los acusados declaren en primer lugar, dada su voluntad de reconocer los hechos. Sin embargo el resto de partes han requerido que todos los encausados declaren al final del juicio, una vez se hayan practicado todas las pruebas, ya que consideran que los dos arrepentidos podrían hacer declaraciones que culpabilizarían al resto.

Los dos encausados que han llegado a un acuerdo con el Ministerio Público se enfrentan a penas de prisión muy diferentes. Para uno de ellos la Fiscalía pide penas que suman 69 años de prisión por delitos de trata de seres humanos en concurso con prostitución coactiva, por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y por tráfico ilegal de inmigrantes. Una pena que se vería reducida por ese reconocimiento de los hechos, que se considera atenuante. Este hombre, según sostiene el fiscal, hacía labores de encargado de varios pisos en los que las víctimas se veían obligadas a ejercer la prostitución. Las mujeres eran controladas por videocámara, obligadas a atender a clientes durante las 24 horas del día, e incluso a ofrecerles drogas y tomarlas con ellos. En el escrito provisional de acusación se recogen además varias expresiones amenazantes que habría vertido este acusado sobre ellas, como que si no cumplían con su deber ‘vendrían unos moros a por ella’ , o que ‘iba a llamar a unos gitanos para que les hiciera daño’.

El otro imputado arrepentido es el encargado de un hotel rural de Burgos, acusado de facilitar reservas en su establecimiento, a pesar de que era conocedor de que estas se empleaban para ocultar la entrada irregular en territorio nacional de mujeres extranjeras. Por el delito de tráfico ilegal de inmigrantes, se enfrenta a una pena de 4 años de prisión.

Por otro lado, las defensas pidieron que se declare la nulidad de parte de las actuaciones realizadas durante la instrucción judicial, al entender que se ha vulnerado el derecho de defensa. Denuncian asimismo que no han tenido acceso a todas las actuaciones, en concreto al volcado de la información de los teléfonos móviles incautados a los acusados, que este se hizo sin mantener la cadena de custodia, y que la prórroga del secreto de las actuaciones no se hizo ajustada a derecho.

Prueba de vídeo
Además, las defensas presentaron una nueva prueba, que consta de fotografías y un vídeo, en el que aseguran que se ve a las afirmadas víctimas de la causa de fiesta en una discoteca. Una prueba que consideran «de vital importancia» para demostrar «que no estaban siendo explotadas sexualmente». A este respecto, el fiscal respondió que «no es incompatible» que las mujeres salieran de fiesta con que estuviesen «explotadas y controladas». El juicio se reanudará el martes.