La necesidad de que el Gobierno de Marruecos se comprometa a dar una salida digna -el regreso a
su país de origen con garantías de seguridad- a los 4.000 menores que entraron de forma irregular en España, y se encuentran en centros de acogida, es
un problema acuciante. En la reunión de ayer de una delegación española con el primer ministro marroquí,
Dris Yetú, este solo se comprometió a estudiar el borrador del convenio, pero todo indica que queda un buen trecho por recorrer antes de que sea posible la firma de un acuerdo que dé seguridades para la formación e integración de los jóvenes de vuelta a casa.
El caso de los menores magrebís en España no es el único pendiente de revisión. Si durante los últimos meses han funcionado razonablemente bien los convenios de España con Marruecos en materia de prevención de los flujos migratorios irregulares, es más dudoso que la gendarmería marroquí haya sido solvente en el control de las fronteras con Ceuta y Melilla. El episodio de ayer, con 358 marroquís
y 24 ciudadanos de otros países africanos ocultos en los camiones de unos feriantes que se disponían a regresar a la península, revela que la eficacia en algunos momentos es por lo menos discutible. Como sigue siendo más que discutible el compromiso marroquí con los países subsaharianos para reducir en el trágico flujo de cayucos, posible en parte porque disponen de apoyo en tierra.