SUPERA todas las previsiones la llegada de inmigrantes ilegales a Canarias a través de los ya dramáticamente populares cayucos. Desde enero han entrado cerca de quince mil ciudadanos subsaharianos, tres veces más que el año pasado. Las autoridades españolas se muestran incapaces tanto para contener ese flujo migratorio como de expulsar, posteriormente, a los llegados ilegalmente, buena parte de los cuales acaba por quedarse en el país.

Los acuerdos establecidos en su día por el Gobierno con algunos de los países emisores de emigración tardarán tiempo en madurar, mientras que, incomprensiblemente, las ayudas prometidas por la Unión Europea para reforzar las tareas de control de las costas africanas no se han hecho aún efectivas e incluso podrían ser menores de las acordadas. Entre tanto Canarias no da abasto para prestar la atención adecuada a ese cada vez mayor colectivo de población que arriba a sus costas. En suma, todo ello genera una clara sensación de impotencia ante el problema de la inmigración ilegal.

Lo que sucede en Canarias impresiona a la opinión pública por la crudeza de las imágenes que llegan desde allí. Pero, pese a ser un problema importante, los centenares de miles de inmigrantes ilegales que llegan a España no lo hacen en cayucos, sino por vía aérea, a través de Barajas, y por los Pirineos en coche o en autocar, lo que resulta difícil de controlar, bien porque entran como turistas o bien porque burlan la vigilancia fronteriza. Afortunadamente, la puerta de entrada tradicional que era el estrecho de Gibraltar se ha entornado gracias a la creciente colaboración con Marruecos.

Después de que en el último año se haya detectado en España cerca de un millón de inmigrantes sin papeles, pese a la masiva regularización efectuada, resulta evidente que hay que poner freno al fuerte crecimiento que registra la inmigración ilegal ante la imposibilidad material de acogerla en condiciones. La inmigración es necesaria, pero debe vehicularse a través de flujos ordenados y regulados.

El Gobierno, además de redoblar al máximo sus propios esfuerzos, debe exigir la colaboración de la Unión Europea para hacer frente al problema. Esa actuación, prometida en su día, es necesaria tanto para el control de las costas africanas, como para extremar la vigilancia en las fronteras del espacio Schengen, que se han convertido en un auténtico coladero,a juzgar por la cantidad de inmigrantes en situación ilegal que pasan por los Pirineos.