La Fiscalía de Gipuzkoa ha detectado ejerciendo la prostitución en el territorio a mujeres que tenían concedida la condición de testigo protegido en Aragón en una causa judicial por trata de seres humanos. Una evidencia de que en muchos casos, si no se otorgan «medios alternativos de vida a las víctimas localizadas, se correrá el riesgo de que regresen a la explotación en la que estaban sumidas». No es el único problema al que se enfrentan las víctimas de trata después de haber sido liberadas. La desconfianza hacia la figura policial o la falta de voluntad para continuar con un proceso judicial que se alarga más de lo deseado y en el que se sienten victimizadas son otros obstáculos. Se trata de una materia sensible que se ha decidido abordar desde Gipuzkoa, desde donde se está impulsando la confección de un protocolo de protección a las víctimas de trata, en el que participan agentes de la judicatura, la administración pública, los cuerpos de seguridad y las ONG que trabajan con las mujeres que son explotadas sexualmente.

La trata de seres humanos es una realidad que afecta también a Euskadi, donde tanto la Ertzaintza como la Policía Nacional trabajan para desmantelar a los grupos criminales que explotan sexualmente a otros para su propio beneficio. Entre 2018 y 2022, las fuerzas y cuerpos de seguridad identificaron 29 víctimas de trata sexual en Euskadi, aunque saben que hay más. Las nuevas modalidades de prostitución, que se llevan a cabo en pisos particulares, dificultan la labor policial.

Desde Gipuzkoa
Se está impulsando la creación de un protocolo vasco de protección a las víctimas de trata
Tal y como recoge la memoria de la Fiscalía de Gipuzkoa, desde el año pasado se han mantenido diferentes reuniones en una mesa de coordinación constituida a nivel territorial que pretende confeccionar un protocolo de actuación en la materia a nivel autonómico. El objetivo es, sin dejar de lado las consideraciones del protocolo nacional de protección a víctimas de trata, crear uno vasco que tenga en cuenta «las peculiaridades de Euskadi en materia de trata de seres humanos y explotación sexual». Para ello, los agentes que participan en la mesa «aportan su punto de vista con el propósito de construir un texto transversal y heterodisciplinar».

La mesa está presidida por la magistrada de la Audiencia de Gipuzkoa Juana María Unanue, y en la misma participan el fiscal delegado en Extranjería, miembros de la Ertzaintza, la Policía Nacional y la Guardia Civil que trabajan en investigación de la trata, el Gobierno Vasco, Emakunde, la Diputación de Gipuzkoa, el Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa y representantes de ONG que trabajan con mujeres prostituidas. Además, ocasionalmente asisten magistrados a cuyos juzgados ha llegado un asunto de explotación sexual.

Al mismo tiempo, la Fiscalía ha mantenido reuniones con representantes de la Ertzaintza y la Policía Nacional «con el fin de fijar criterios de coordinación y actuación».

Obstáculos
La nueva modalidad de prostitución que se lleva a cabo en pisos particulares dificulta la investigación
El año pasado se destaparon en Gipuzkoa tres casos de trata de seres humanos, dos de explotación sexual y uno de explotación laboral. En todos fue la denuncia de una o varias víctimas la que permitió llevar a cabo la operación policial. En todas las causas las víctimas habían sido trasladadas desde su país de origen o desde otros puntos del Estado, engañadas con la promesa de que iban a tener un trabajo y un futuro mejor. En cuanto a los perfiles, las víctimas que fueron explotadas sexualmente eran mujeres de origen sudamericano y las de explotación laboral eran hombres de origen sudamericano.

En materia de trata laboral, la Fiscalía advierte de que han recibido información a través de ONG de que se podrían estar explotando mujeres en el sector de los servicios domésticos. No obstante, por el momento no se ha abierto ninguna investigación por hechos de este tipo.

Prostitución en una villa
Además de grupos de trata, durante el año pasado también se incoaron dos causas por delitos de prostitución en los que las mujeres prestaban los servicios en pisos alquilados por los investigados. Se trata de un ejemplo más, señalan desde Fiscalía, «del nuevo paradigma de oferta de servicios de prostitución que se aleja de la oferta en las calles o en clubs de alterne para pasar a ofrecerse en residencias privadas». Precisamente, el año pasado se formuló un escrito de acusación desde la Fiscalía guipuzcoana, por un caso de prostitución y blanqueo de capitales.

Los servicios de prostitución se daban en una villa privada del territorio en la que se explotaba a varias mujeres. Estas eran coaccionadas mediante el «control de sus recursos económicos, obligación de prestar toda clase de servicios, a cualquier hora y día, control por videocámara, restricción de la libertad ambulatoria, control por encargados en el local, vejaciones y amenazas en caso de incumplimiento de las reglas, entre otros».

Desde la Fiscalía de Gipuzkoa consideran además «de interés la elaboración de un marco normativo concreto para la prostitución en España».