La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega encontró ayer en Rabat un clima de cooperación por parte del primer ministro de Marruecos en su visita preparatoria del encuentro previsto para el próximo 5 de septiembre entre el presidente Rodríguez Zapatero y el rey Mohamed VI. La relación con Marruecos, que atraviesa ahora un momento dulce, además de ser una de las prioridades de la política exterior española, exige una continua puesta al día, para amortiguar las diferencias de desarrollo económico y político entre ambos países y poder gestionar en común el desafío de la presión inmigratoria ilegal. El Gobierno español ha conseguido superar el período de tensiones que presidió nuestras relaciones hasta 2003, pero, hasta ahora, lo ha hecho cediendo a casi todas las pretensiones del gobierno de Rabat, desde sus ambiciones sobre el futuro del Sahara a sus reivindicaciones en cuestiones comerciales y económicas. Tal vez por ello la vicepresidenta, supliendo las ausencias del ministro Moratinos, centrado en giras voluntaristas por Oriente Próximo, ha decidido presionar suavemente ahora para obtener algunas contrapartidas, más allá de la inexistencia de incidentes y tiranteces diplomáticas entre las dos capitales.

En la agenda del encuentro de ayer se abordaron las propuestas española de formalizar con Marruecos un nuevo acuerdo sobre la readmisión de menores y de inmigrantes de terceros países (que complete el convenio existente de readmisión de inmigrantes del año 1992) y un plan para la integración de los sistemas de vigilancia y control de fronteras europea y marroquí. Es cierto que el incremento en el control de fronteras del sur de Marruecos ha desviado en los últimos meses la mayoría de la inmigración ilegal que llega a costas españolas y en especial a Canarias a puntos de salida desde Mauritania o de países más al sur, pero sigue existiendo la posibilidad de que en cualquier momento Marruecos se convierta de nuevo en punto de partida favorito del tráfico de personas. Las redes que se dedican a este negocio en el país no han sido desmanteladas e incluso en ocasiones siguen gozando de una cierta tolerancia oficial. Por otro lado, no es infrecuente que Marruecos se resista a aplicar los convenios que ha firmado con España y prefiera negociar caso por caso las situaciones que se plantean, a través de cauces políticos.

La única solución a medio plazo para establecer una relación normalizada con nuestro vecino del sur pasa por su desarrollo social y democrático. La vicepresidenta ha preferido sin embargo dar un diplomático rodeo a esta espinosa cuestión y con vistas a la reunión entre el presidente Zapatero y el rey Mohamed VI dentro de unas semanas ha puesto el énfasis en aumentar la inversión económica de España en Marruecos, que ya alcanza un volumen notable, pero que en cualquier caso tiene como límite la endeble seguridad jurídica y la corrupción existente en el país, un tope que seguirá mientras no se evolucione hacia una situación de mayor pluralismo y libertad.