Rabat – Muy pobres han sido los resultados concretos del encuentro entre la
vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el
primer ministro marroquí, Dris Yetú, ayer en Rabat. El Ejecutivo alauí ha
vuelto a dar largas a la readmisión de menores que han entrado en España
ilegalmente, así como a los irregulares subsaharianos que hayan transitado
por su territorio. Yetú confesó tras su entrevista de más de hora y media
con De la Vega que su Gobierno «estudiará» las propuestas que el Ejecutivo
español le transmita.
   Desde hace media década, los gobiernos
españoles, primero el de José María Aznar y actualmente el de Rodríguez
Zapatero, vienen planteando a sus homólogos alauitas la necesidad de hacer
frente al grave problema de los menores marroquíes que entran ilegalmente
en camiones, barcos o pateras. Cientos de ellos se encuentran en los
centros de acogida de Ceuta, Melilla, Barcelona, Madrid y otras grandes
urbes. Las autoridades marroquíes se han opuesto sistemáticamente a su
readmisión con pretextos variopintos. Desde la imposibilidad de encontrar
a sus familias de origen, hasta la utilización de la propia legislación
española en la materia, que no permite la expulsión de menores. Tras las
presiones del Gobierno de Aznar, Rabat aceptó dosificar las readmisiones,
siempre que España se comprometiese a crear centros de formación
profesional en Marruecos. Sin embargo, el número de menores readmitidos
por Rabat ha sido inferior al de los nuevos candidatos a la inmigración .
El Gobierno de Mohamed VI ha vuelto a dar largas al asunto, prometiendo
«estudiar» las propuestas españolas, pero sin ningún compromiso firme.
   Tránsito por Marruecos. Del mismo modo ha tratado el Ejecutivo presidido
por el tecnócrata Dris Yetú el tema de la readmisión de los inmigrantes
ilegales subsaharianos. Existe un acuerdo firmado por el último Gobierno
de Felipe González en los 90 con Marruecos, por el que éste aceptaba la
readmisión de los subsaharianos «siempre que se demuestre específicamente
que han transitado por Marruecos». Con esta cláusula escrita en letra
pequeña, el régimen de Hassan II dejaba la puerta abierta a la negativa,
alegando que los cientos de subsaharianos que se hacinaban en Ceuta y
Melilla «podían haber llegado a las dos ciudades desde terceros países»,
como por ejemplo Argelia o Mauritania.
   En la reunión entre De la
Vega y Yetú no faltaron, sin embargo, los elogios mutuos. En su
comparecencia conjunta al término de la misma, ambos subrayaron la
«excelente relación» política y el interés por profundizar en la
cooperación económica, migratoria y de desarrollo social. La
vicepresidenta del Gobierno explicó que había comenzado la reunión
agradeciendo el «trabajo serio y riguroso» y el «gran compromiso» de
Marruecos por controlar la emigración ilegal, tanto de sus nacionales como
de personas en tránsito.
   El Gobierno español llevaba en cartera
de regalo la creación de un fondo de «integración triangular» que incluya
a la UE y al África Subsahariana. Fondo que se situará en Marruecos y que
será gestionado con toda probabilidad por Rabat.
   En lo que sí
ha puesto énfasis Yetú ante De la Vega, además de solicitar mayores
inversiones y que España se haga paladín defensor de Marruecos ante la UE
para pedir «un estatuto privilegiado de asociación», fue en tratar de
convencerla para que España, y Europa, participen activamente «en el
control de fronteras del Reino» para hacer frente a la avalancha de
inmigrantes ilegales.
   Plan de vigilancia. Marruecos someterá a
España, antes del viaje de Rodríguez Zapatero a Rabat el próximo 5 de
septiembre para entrevistarse con el Rey Mohamed VI, su propio plan de
vigilancia fronteriza. Según De la Vega, el plan marroquí «puede completar
el plan europeo Frontex que debe entrar en funcionamiento en breve».
   Fronteras. La operación por parte de Marruecos es de gran calado. Rabat es
consciente de que poco puede aportar al control que España realiza en el
Mediterráneo y en el Estrecho. Lo que propondrá Mohamed VI es su plan para
las «fronteras del sur», terrestres con Mauritania, y marítimas en el
Sahara Occidental. «Marruecos persigue lisa y llanamente que España
primero y Europa después, acepten la marroquinidad del Sahara
Occidental», siguiendo el ejemplo del acuerdo pesquero que incluye las
aguas saharianas bajo administración marroquí.
   Si Rabat
consigue que España y la UE aporten su ayuda económica, de medios
materiales y de patrullas mixtas en las aguas del Sahara Occidental, habrá
impuesto de facto un reconocimiento implícito de unas fronteras que no le
son reconocidas.