Los apologetas del Brexit aseguraban que permitiría al Reino Unido recuperar el control de sus fronteras y frenar así la inmigración ilegal. El tiempo ha demostrado que se trataba de una patraña más de un venenoso populismo que, en cuanto se ve enfrentado a la realidad, ha de buscar nuevas excusas o inventar medidas disparatadas. El Gobierno británico logró el pasado mes aprobar en el Parlamento una controvertida ley que obliga a detener y deportar a todos los migrantes irregulares que lleguen al país, lo que, además de cuestiones morales, plantea un monumental problema logístico. Bloqueada por la Justicia su entrega a Ruanda, con quien Londres había alcanzado un acuerdo, el Ejecutivo de Rishi Sunak baraja ahora su control con pulseras GPS una restricción de la libertad que sería impuesta sin una decisión judicial previa ni como alternativa a una pena de cárcel mientras se resuelven sus solicitudes de asilo. Más de 175.000 personas están en esa situación. Tal medida y la frustrada reclusión de migrantes en un barco-prisión reflejan a la vez desesperación y contumacia en el desprecio a la dignidad humana al abordar un desafío complejo que no ha mejorado con su salida de la UE.