La Comisión española de ayuda al refugiado (Cear) ha pedido que se paralice el traslado a Senegal de las 168 personas migrantes que fueron rescatadas por la patrullera Río Tajo el pasado jueves y puntualiza que se encuentran bajo jurisdicción española al estar bajo control efectivo de la Guardia Civil. Apunta que entre los rescatados podría haber personas que necesiten protección internacional, en cuyo caso los agentes tendrían que informarles del proceso y trasladarlos a España para iniciar el proceso.

Por ello, reclama que se garantice el Convenio Europeo de Derechos Humanos antes de trasladarlas y devolverlas a Senegal, tras la negativa de Mauritania de dejarlas desembarcar en sus puertos, para no incurrir en una posible vulneración de la legislación internacional, ya que, expone Cear, podría ser considerada «una posible devolución colectiva».

Entre otros aspectos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) dicta que estas personas tienen derecho a ser informadas por personal capacitado con el apoyo de intérpretes y asesores legales. El alto tribunal, explica la comisión de ayuda al refugiado, «pone especial énfasis en garantizar que no se devuelva a personas a países donde sus derechos y sus vidas puedan correr peligro» y subraya la importancia del acceso a procedimientos individualizados y a recursos efectivos en los cuales se puedan identificar y evaluar individualmente las circunstancias de cada persona.

En este sentido, la organización recuerda que entre las personas rescatadas podría haber necesitadas de recibir protección internacional , algo que, a su juicio, debe tener en cuenta la Guardia Civil «a la hora de informarles debidamente, registrar su solicitud en caso de que sea necesario y trasladarlas a España para que puedan formalizar la petición ante las autoridades competentes».

Además, alerta de que en estos momentos en Senegal no se garantizan los derechos a gran parte de su población por la creciente inestabilidad que vive el país, donde miles de personas han sido detenidas en los últimos meses por manifestarse contra el Gobierno, incluido el principal líder de la oposición que actualmente se encuentra en la cárcel.

Ante estas circunstancias, insiste en que «el Ministerio del Interior debe paralizar inmediatamente esta devolución para no vulnerar nuestros compromisos y obligaciones internacionales». Devolver a estas 168 personas a un país como Senegal, que atraviesa una delicadísima situación política y social «podría suponer una grave vulneración de derechos y considerarse una devolución colectiva», denuncia Estrella Galán, directora general de Cear.

Otro fracaso
Según la organización, este caso es un nuevo ejemplo del riesgo que entraña para la cooperación al desarrollo y los derechos los acuerdos «condicionados al control migratorio o a la externalización de fronteras».

Señala en este sentido que Mauritania «se ha convertido en los últimos años en un socio estratégico para frenar las llegadas de personas migrantes a España y Europa, a costa de los derechos humanos». Sin embargo, en esta ocasión, «ni siquiera las ingentes cantidades de dinero que recibe el país africano han sido suficientes para que abran sus puertos a las personas rescatadas en sus aguas».

Por este motivo, la Comisión española de ayuda al refugiado lamenta que se siga apostando por políticas migratorias «demostradamente fallidas en lugar de poner en el centro a las personas y sus derechos, habilitando vías legales y seguras para que nadie se vea obligado a subirse a una embarcación precaria y a jugarse la vida en su intento de llegar a Europa», asegura en un comunicado hecho público este martes.