La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega encontró ayer en Rabat un clima de cooperación por parte del primer ministro de Marruecos en su visita preparatoria del encuentro previsto para el 5 de septiembre entre el presidente Rodríguez Zapatero y el rey Mohamed VI. La relación con el país vecino, que atraviesa ahora un momento dulce, además de ser una de las prioridades de la política exterior española, exige una continua puesta al día, para amortiguar las diferencias de desarrollo económico y político entre ambas naciones y poder gestionar en común el desafío de la presión inmigratoria ilegal. El Gobierno ha conseguido superar el período de tensiones que presidió las relaciones hasta 2003, pero, hasta el momento, se ha mostrado quizá demasiado atento con casi todas las pretensiones de Rabat. Tal vez por ello la vicepresidenta ha decidido presionar ahora para obtener algunas contrapartidas, más allá de la inexistencia de incidentes y tiranteces diplomáticas entre las dos capitales.

En la agenda del encuentro de ayer se abordaron las propuestas españolas de formalizar con Marruecos un nuevo acuerdo sobre la readmisión de menores y de inmigrantes de terceros países – que complete el convenio existente desde 1992 – y un plan para la integración de los sistemas de control de fronteras. Es cierto que el incremento de la vigilancia en el sur marroquí ha desviado en los últimos meses la mayoría de la inmigración ilegal que llega a las costas españolas y en especial a Canarias hacia puntos de salida desde Mauritania o países subsaharianos, pero sigue existiendo la posibilidad de que en cualquier momento Marruecos vuelva a ser punto de partida favorito del tráfico de personas. Las redes que se dedican a este negocio en el país no han sido desmanteladas e incluso en ocasiones siguen gozando de una cierta tolerancia oficial. Por otro lado, no es infrecuente que Rabat se resista a aplicar los convenios y prefiera negociar caso por caso a través de cauces políticos.

La única solución a medio plazo para establecer una relación normalizada con nuestro vecino del sur pasa por su desarrollo social y democrático. La vicepresidenta ha preferido sin embargo dar un diplomático rodeo a esta espinosa cuestión y, con vistas a la reunión entre el presidente Zapatero y Mohamed VI dentro de unas semanas, ha puesto el énfasis en aumentar la inversión económica de España en Marruecos, que ya alcanza un volumen notable, pero que en cualquier caso tiene como límite la endeble seguridad jurídica y la corrupción, unos frenos que persistirán mientras aquel país no evolucione hacia una situación de mayor pluralismo y libertad.