Sucedió una noche cerrada del 31 de octubre de 2021 en una carretera de Pijijiapan, un municipio de Chiapas. Un vehículo de la Guardia Nacional estacionado en la carretera empezó a disparar a otro que circulaba en sentido contrario. El otro vehículo era una camioneta en la que viajaban 12 migrantes y un conductor mexicano. En las investigaciones posteriores aseguraron que los militares nunca les marcaron el alto y siguieron disparando cuando los migrantes detuvieron su marcha. El cubano Cristobal Cobeiro murió por las heridas de bala. Casi dos años después del suceso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha determinado en un informe exhaustivo que aquella fue una ejecución extrajudicial, y que la Guardia Nacional usó la fuerza de forma “ilegítima y desproporcionada”.

Una de las víctimas cuenta que la Guardia Nacional empezó a disparar, desde la torreta, cuando pasaron a su lado. Momentos después el conductor de la camioneta migrante en la que viajaban dos mujeres embarazadas y niños se detuvo. Ayudó a uno de los heridos a ponerse compresas en las heridas, y al revisar en la parte de atrás, se dio cuenta de que el compañero cubano ya estaba muerto. Varios de los heridos fueron trasladados en el mismo vehículo de la Guardia Nacional hasta el hospital. El resto de víctimas que declararon tras el ataque contaron la misma historia. “No nos dieron el alto”, dicen los migrantes. Uno de los testigos cuenta que mientras iban de camino al hospital, los agentes decían, “en tono de arrepentimiento”, que los habían confundido con narcotraficantes.

La Guardia Nacional, sin embargo, compartió una versión oficial muy diferente. Los agentes dieron el alto con sus luces al vehículo que venía hacia ellos, pero el conductor de la camioneta migrante ignoró sus órdenes. Fue entonces, según la versión inicial, cuando empezaron los disparos. La tragedia ocurrió en un momento de máxima tensión en la frontera y la región sur de México. La Guardia Nacional llegó a asegurar que la camioneta buscaba “arrollar” a los agentes. La llegada de migrantes hasta allí se incrementó en esa época, y una caravana de miles de personas avanzaba hacia el norte imparable. En Tapachula, una ciudad de 350.000 habitantes frontera con Guatemala, había entonces 63.000 migrantes varados esperando refugio.

La CNDH asegura que, aunque el conductor del vehículo se negó a atender las órdenes de persuasión o disuasión verbal emitidas por la autoridad, los agentes “debieron abstenerse de emplear sus armas de fuego” hacia la camioneta. En la escena se encontraron 27 impactos de bala. Los elementos de la Guardia Nacional no rigieron su actuación por los principios de “legalidad y respeto a los derechos humanos”, y además ejecutaron actos “actos arbitrarios” que atentaron contra la vida de las personas involucradas. Los agentes hicieron un “uso de la fuerza de manera desproporcionada”, señala el informe, que fue publicado el 30 de junio de 2023.

Las actuaciones que contravienen los derechos humanos de la Guardia Nacional y el Ejército mexicano se van acumulando en los noticieros. A tres años de su creación, la Guardia Nacional superó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en número de quejas emitidas por violaciones a los derechos humanos ante la CNDH. De acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Alerta, en 2020 se registró un total de 350 contra la GN y 359 contra la Sedena. El año siguiente, sin embargo, se invirtieron las tornas, y la institución que antes fue de carácter civil recibió 504 quejas, mientras el Ejército acumuló 436.