Cuando Fernando Grande-Marlaska asumió a mediados del 2018 la cartera de Interior, las llegadas irregulares de inmigrantes –sobre todo, a través de la ruta canaria– estaban en completo auge. Aquel año se cerró con la entrada en España de 64.298 personas de manera irregular, un 131% más que en el 2017. Una de las obsesiones del ministro durante sus dos legislaturas al frente del departamento ha sido la gestión migratoria “justa y ordenada” basada en dos ejes: la colaboración efectiva con los países de origen y tránsito de los migrantes –Níger, Mauritania, Marruecos– y la lucha contra las mafias que trafican con personas. Con esta receta, la ruta con destino a España se ha convertido en la única de la Unión Euro­pea en descenso: el 2022 cerró con un 25,5% menos de entradas al país.

Esos datos sirven de fotografía sobre la verdadera situación actual de la migración irregulares a España, pese a que desde la extrema derecha se habla –y se recoge en su programa electoral– de “la llegada desordenada de millones de inmigrantes ilegales” por las políticas de Sánchez. Vox hace tiempo que convirtió en su caballo de batalla la inmigración a la que llaman “ilegal” –pese a que cruzar irregularmente una frontera no es delito–. Y lo seguirá siendo esta campaña.

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El joven sudanés, de 24 años, junto a su abogado Arsenio G. Cores en la Embajada de España en Rabat (Marruecos), el pasado 13 de diciembre de 2022.
La colaboración policial con países de origen y tránsito es vital para abortar las salidas de pateras al mar
En la formación ultra han reiterado que si sus votos son necesarios para articular una mayoría alternativa a la izquierda pondrán sobre la mesa sus exigencias –también en materia migratoria– que están detalladas en su programa. Un documento que recoge las posturas más ultras de sus guerras ideológicas, que difícilmente podrían ser asumidas por el Partido Popular, su hipotético socio mayoritario.

“Cualquier inmigrante que llegue ilegalmente nunca podrá regularizar su situación en España”. Contundentes. Pero no solo las personas que salten las vallas de Ceuta o Melilla o lleguen en patera a las islas o la Península, también prometen expulsar a los que comentan delitos graves “o hagan del delito leve su forma de vida”.

Lo que no detalla en ningún momento la ultraderecha es cómo se realizarían esas devoluciones. La gestión de la llamada inmigración exterior –el retorno de migrantes a sus países de origen– es una de las piezas más difíciles de encajar en la compleja política migratoria. “Sin intención de ser frívolo […] esto no funciona llenando un avión de inmigrantes y soltándolos en paracaídas o llenando un barco y devolviéndolos al mar”, avisa un alto mando policial que asiste atónito a algunas propuestas “populistas” electorales.

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Los socialistas tienen claro que la fórmula para una migración “regular, segura y ordenada” –palabras que repite el ministro del Interior– pasa por la colaboración y la buena relación con los países africanos que son origen o tránsito en las rutas migratorias. El vecino Marruecos, sin ir más lejos, que pese a sufrir también una fuerte presión migratoria colabora estrechamente con España en la lucha contra las mafias y ha reforzado su presencia policial en sus kilométricas costas atlánticas. El PSOE apuesta en su programa por “profundizar” las relaciones con Rabat, en detrimento de Argelia, a la que no se nombra en el documento.

En la línea de establecer equipos conjuntos entre países también se posiciona el Partido Popular, desde donde ponen en valor –“seguiremos el modelo actual”, recoge su programa– el trabajo de investigación en Níger liderado por España. Asimismo, los populares abogan por fortalecer las capacidades en medios, tecnología y coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en la gestión integrada de fronteras. Ninguna referencia más a la migración irregular en documento electoral.

En Sumar ponen el foco en los rechazos en frontera, avalados por el Tribunal Constitucional. Las llamadas devoluciones en caliente que durante la pasada legislatura fueron objeto de disputa entre el Ministerio del Interior y la parte de Unidas Podemos en el Gobierno. Yolanda Díaz, precisamente, abanderó muchas de estas críticas; como las más de 400 devoluciones –según constató el Defensor del Pueblo– que se llevaron a cabo durante el trágico salto a la valla de Melilla el pasado verano. Sumar propone aplicar la ley de transparencia para “poner fin a los acuerdos bilaterales de externalización de fronteras con países que no garantizan el cumplimiento de los derechos humanos”. En el programa no se detalla a qué países se refiere.

Las posiciones antagónicas en el tema migratorio entre los extremos también se evidencia en los cierres que proponen. Sumar apuesta por eliminar los centros de internamiento para extranjeros (CIE) porque “vulneran los derechos de las personas”; mientras que desde Vox pretenden cerrar los centros de menores extranjeros no acompañados –o “alejarlos” de las ciudades”– porque son un foco, dicen, de delincuencia.

La posición de los partidos

El PSOE promete habilitar “mejores vías para la migración regular y ordenada” que permitan “una mejor inserción de los migrantes, fomentando
convenios como los que ya funcionan”.

El PP propone implementar un nuevo programa de inmigración legal cualificada basado en un sistema de puntos que “premiará la formación académica, las competencias lingüísticas y la innovación”.

Vox pretende impulsar “un bloqueo naval” para “proteger las costas” de las pateras, para así también asegurar su devolución a los puertos cercanos más seguros en los países de origen y tránsito”.

En Sumar abogan por impulsar una ley integral contra el racismo, con el objetivo de “prevenir y, en su caso, denunciar, sancionar y reparar la discriminación racial y el racismo institucional”.

Esquerra quiere garantizar mediante una ley de alcance estatal que los datos de los padrones municipales no se puedan utilizar para detectar y detener a residentes extranjeros en España.

Junts apuesta por articular vías legales y seguras para la migración regular, solucionar la situación de aquellos que no tienen papeles y que se eliminen las devoluciones en caliente de la normativa ­estatal.