El Gobierno de Macron se defiende nuevamente de las críticas sobre racismo y violencia entre las fuerzas de seguridad galas, esta vez vertidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de Naciones Unidas, en el marco del asesinato del adolescente Nahel M. a manos de un policía y la consiguiente ola de disturbios en el país.

Francia cuestiona estos comentarios, que considera excesivos y reprueba el olvido del CERD sobre la violencia cometida por los manifestantes contra «policías, cargos electos, servicios públicos, comisarías, escuelas, centros sociales o incluso los ayuntamientos», lamenta el Ministerio de Asuntos Exteriores francés en un comunicado.

Expresa su «incomprensión» ante «la falta de solidaridad y compasión» hacia los que considera «los actores centrales de la vida democrática francesa».

El Ministerio de Exteriores tacha de «infundada» cualquier acusación de racismo o discriminación sistémica por parte de las fuerzas del orden y dícese «respetar las obligaciones internacionales contraídas ante la Convención Internacional sobre la Eliminación de la Discriminación Racial».

Francia recalca el vigor de su Estado de derecho que «no tolera la impunidad hacia sus fuerzas de seguridad» recordando que el policía responsable del asesinato «está ahora mismo en la cárcel e imputado por la muerte del joven».

Francia acusa al CERD de tener un «carácter sesgado» y le invita a «un mayor discernimiento y moderación en sus comentarios».

Francia ya tuvo que salir al paso a las críticas vertidas por la ONU en varias ocasiones
Hace dos meses, Francia ya tuvo que hacer frente a acusaciones similares por la represión efectuada durante las manifestaciones del 1 de mayo, por ser el día de los trabajadores y por la impopular reforma de las pensiones.

Durante el Examen Periódico Universal (EPU), celebrado por el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, países como Suecia, Dinamarca, Liechtenstein, Noruega, Luxemburgo, Malasia, incluso Rusia, Venezuela e Irán (regularmente blanco de acusaciones sobre derechos humanos), abordaron cuestiones, sobre Francia, como los ataques contra los migrantes, la discriminación racial y la intolerancia religiosa. En el EPU deben someterse cada cuatro años los 193 países de la ONU.

La representante de Estados Unidos, Kelly Billingsley, instó a París a «ampliar los esfuerzos para contrarrestar los delitos y amenazas de violencia motivados por el odio religioso, como el antisemitismo y el odio antimusulmán».

A lo que Sabrine Balim, asesora jurídica del Ministerio del Interior francés, dijo al Consejo que el uso de la fuerza estaba «estrictamente supervisado, controlado y, en caso de uso erróneo, sancionado».

A su vez, hace un mes Francia también tuvo que salir del paso por críticas de la misma índole, esta ocasión desde la Oficina del Alto Representante para los Derechos Humanos.