Después de días de violencia y descontrol, el orden se restablece poco a poco en las calles de Francia. Nadie da por concluidos los disturbios que estallaron hace una semana tras la muerte de un adolescente por el disparo de un policía en la periferia de París. Y episodios como la agresión con un automóvil al domicilio de un alcalde el domingo, muestran que en cualquier momento puede suceder una desgracia.

Pero la estrategia “gradual” del presidente Emmanuel Macron —empatía por la muerte del joven Nahel, despliegue policial masivo, defensa de las instituciones republicanas, incluida la policía— parece dar los primeros resultados. El fin de semana la intensidad de los altercados se redujo. Lo que suceda en los próximos días indicará una posible salida de la crisis.

Que la crisis no ha terminado lo evidencia el balance de la sexta noche, la del domingo al lunes: a pesar de los solo 157 detenidos —significativamente menos que los 719 y 1.311 en las dos anteriores—, tres policías y gendarmes resultaron heridos, y se contabilizaron 352 incendios en la vía pública y 331 en vehículos y edificios, según un balance provisional del Ministerio del Interior citado por la cadena France Info. Un puesto de la policía y un cuartel de la gendarmería sufrieron desperfectos.

“Mantendremos el nivel actual de movilización hasta que la calma haya regresado totalmente”, dijo este lunes el ministro del Interior, Gérald Darmanin. Por cuarta noche consecutiva, se movilizaron 45.000 policías y gendarmes por todo el territorio. “El mensaje”, añadió Darmanin, “también será el mismo: firmeza, detenciones y comparecencia ante la Justicia”.

En esta semana de caos en Francia, en la que por momentos el poder político ha dado la impresión de verse desbordado y sin respuestas ante un estallido inesperado, las fuerzas del orden han detenido en total a más de 3.000 personas, un tercio de ellas menores de edad. Un millar de edificios han sufrido incendios o desperfectos, han ardido montones de basura y contenedores y 5.000 vehículos, se han registrado 250 ataques a comisarías y cuarteles de la gendarmería, y 700 policías y gendarmes han resultado heridos, según datos citados por la cadena de televisión BFM-TV. El diario Le Parisien evalúa en 20 millones de euros el coste de los desperfectos en autobuses, tranvías y otras infraestructuras del transporte público quemados por los violentos. En una entrevista con el mismo diario, el presidente de la patronal, Geoffroy Roux de Bézieux, evaluó en 1.000 millones de euros los daños en el sector privado.

Hay un coste de imagen también. No es que sea insólito ver barricadas ardiendo o escaparates destrozados durante las manifestaciones en Francia. Sucedió este mismo invierno, durante las manifestaciones contra la reforma de las pensiones. Pero lo llamativo esta vez ha sido la extensión y virulencia de los destrozos y su localización: las banlieues, los extrarradios de las ciudades francesas, donde se concentra la población de origen inmigrante y que en muchos casos sufre problemas endémicos de pobreza y marginación.

Los responsables de la violencia y los saqueos han puesto patas arriba la agenda internacional de Macron, obligado el viernes a abreviar su presencia en una cumbre europea en Bruselas y el sábado a suspender una visita de Estado a Alemania. Ha abierto, además, un interrogante: ¿y si algo similar se repite dentro de un año, cuando en el verano de 2024 se celebren los Juegos Olímpicos de París, una cita que atraerá visitantes y que debe ser un escaparate mundial para París y Francia?

Han sido días de insomnio en los pasillos del poder. Y de equilibrios. Es lo que fuentes gubernamentales, que pidieron el anonimato, describían el lunes como una respuesta en tres “tiempos”: primero, la emoción por la muerte de Nahel; segundo, el trabajo de la justicia para establecer la verdad de los hechos; y tercero, la firmeza ante la violencia en las calles. Estas fuentes defienden que, ante la exigencia de la derecha y la extrema derecha para que se aplicasen medidas de excepción como el estado de emergencia, se optó por una respuesta “gradual”, que incluía el contundente despliegue policial con unidades de élite como el RAID, de la policía, y el GIGN, de la gendarmería. A esto se añade, según las mismas fuentes, el diálogo estos días con asociaciones en el terreno y con la familia de Nahel.

Uno de los mensajes en lo que se insiste desde el Ejecutivo es que “esto no ha sido una revuelta de las barriadas”. Sostiene que las primeras víctimas de la violencia han sido los propios barrios: las infraestructuras públicas, los vehículos privados, los comercios. Tras la indignación inicial, se han multiplicado los llamamientos a la calma, desde la familia de Nahel hasta las estrellas de la selección de fútbol o influencers en las redes sociales. Empieza a haber hartazgo con los disturbios en la banlieue.

Todo ha sucedido en un ambiente político caldeado. La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, partido hermano de Podemos y hegemónico en la izquierda, se ha resistido durante días a llamar a la calma. La extrema derecha se ha envuelto en la defensa de la policía, mientras algunos grupos —incluido el principal sindicato policial— agitan el espectro de la guerra civil y estigmatizan a los franceses del extrarradio. Una colecta en internet para la familia del policía imputado por “homicidio voluntario” en la muerte del joven Nahel suma ya más de un millón de euros.

Esta crisis, al contrario que la de los chalecos amarillos o la de las pensiones, no se centra en la figura de Macron, sino que afecta a algo más profundo y antiguo: la fractura en la Francia de la banlieue. Este lunes, el presidente ha recibido a los presidentes de la Asamblea Nacional y el Senado, y el martes será el turno de 220 alcaldes de municipios que han sufrido destrozos y saqueos.

A mediodía de este lunes se convocaron concentraciones ante los ayuntamientos de Francia. El ataque a la casa de Vincent Jeanbrun, alcalde de L’Haÿ-les-roses, ciudad de 30.000 habitantes al sur de París, ha hecho sonar la alerta sobre la deriva que podían tomar los destrozos en los edificios públicos —desde consistorios hasta escuelas— y las agresiones a cargos electos. Los ataques a ediles no son un problema nuevo. Vienen de mucho antes de la muerte de Nahel y fueron cometidos, en algunos casos, por grupos de extrema derecha. La Fiscalía investiga el sufrido por Jeanbrun y su familia ―un vehículo se empotró en su casa― como una “tentativa de asesinato”.

Macron considera que la prioridad es restablecer el orden público y el retorno de la calma. Así se lo hizo saber el domingo, en una reunión en el palacio del Elíseo, a su primera ministra, Élisabeth Borne, y a sus ministros del Interior y de Justicia, según explicó una persona presente en la reunión. La fuente añadió que “el presidente desea a continuación comenzar con un trabajo minucioso y a más largo plazo para entender en profundidad las razones que han llevado a estos acontecimientos”. Lo más difícil está por llegar.