Cerca de 900 detenidos. Más de 500 edificios públicos incendiados (o que sufrieron daños parciales a causa del fuego). Hasta 1.900 vehículos quemados. Los datos son impactantes y estos reflejan cómo la violencia urbana subió de nuevo un peldaño durante la noche del jueves al viernes. Francia ha vivido su tercera noche consecutiva de disturbios. La novedad esta vez fue que ya no se producen solo en los suburbios (también conocidos como las ‘banlieues’), sino también en todas las grandes ciudades, incluido el centro de París. La intensidad de la violencia ya es equiparable a alguna de las noches en esos mismos suburbios durante la revuelta de 2005, que duró tres semanas.

La muerte el martes del adolescente Nahel M., de 17 años, abatido por un policía que lo disparó a quemarropa dentro de su vehículo, ha desatado una ola de indignación y rabia contra los abusos policiales entre los jóvenes de estos barrios populares, con un elevado porcentaje de población de origen extranjero (aunque casi todos ellos son franceses y sus vínculos migrantes se remontan a segundas, terceras o incluso cuartas generaciones). Ha destapado la olla en ebullición de las ‘banlieues’, territorios muy frágiles socialmente y a los que el presidente Emmanuel Macron no ha dado una gran relevancia durante su presidencia. Y amenaza el país vecino con un caos incipiente, pero creciente.

Por primera vez esta semana, los disturbios llegaron hasta el corazón de París. Una tienda de Nike fue saqueada en el centro comercial de Les Halles, uno de los más importantes de la capital. Jóvenes también pillaron una tienda de Zara y comercios de lujo en la calle Rivoli, un eje neurálgico situado al lado del Museo del Louvre y que lleva hasta la plaza de la Concordia. Marsella, Lyon, Lille, Burdeos, Niza, Toulouse… No hubo ninguna gran ciudad sin incidentes. A pesar del despliegue de 40.000 agentes, 5.000 de ellos en la región parisina, las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas.

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Entre los hechos más chocantes, quemaron un garaje de autobuses en Aubervilliers, al nordeste de París. También quedaron calcinadas las oficinas de una empresa de comercio digital en Roubaix, una de las ciudades más pobres de Francia y que simboliza los estragos de la desindustrialización en el norte del país. Esta violencia urbana hizo revivir en esta localidad el recuerdo de los tres habitantes muertos durante la revuelta de 2005. Un aspecto que ha sorprendido de los disturbios actuales es la temprana edad de sus responsables, desde 14 hasta 25 años. Muchos de ellos se identifican con Nahel. Creen que les hubiera podido suceder lo mismo.

“Solo nos podemos hacer escuchar de esta forma. Y queremos que se haga justicia y que lo juzguen de manera inmediata, como sucede a gente como nosotros cuando cometemos un delito”, explicaba a EL PERIÓDICO un chico de 16 años de Nanterre que conocía al joven abatido y que dijo llamarse Mohamed (probablemente un nombre falso). Mientras contemplaba cómo los bomberos apagaban un importante incendio dentro de una sucursal bancaria en la ciudad donde empezó el martes la revuelta, este adolescente recordaba cómo hacía unas semanas la policía le dio varias patadas cuando intentó escaparse de un control policial: “No sé por qué, pero tuve miedo y me puse a correr”.

“Nadie cree en la justicia aquí en Nanterre. Estoy seguro que (al agente responsable de la muerte) no lo condenarán a una pena equiparable a la de cualquier otro ciudadano responsable de un homicidio voluntario”, reconocía Would Fouet, de 30 años. Este informático miraba desde la puerta de su inmueble los enfrentamientos entre un cuerpo especial de la policía y los adolescentes insurrectos, que les lanzaban fuegos de artificio. La fiscalía imputó el jueves al agente responsable de la muerte de Nahel por un delito de “homicidio voluntario” y lo encarceló de manera preventiva. Según su abogado, este pidió perdón a la madre y los familiares de la víctima.

Por tercera noche consecutiva, enfrentamientos entre la policía y jóvenes habitantes de #Nanterre pic.twitter.com/zmzD2AksjY

“Para calmar la situación, hace falta que el Ejecutivo anuncie una reforma profunda del funcionamiento policial”, pide Fouet. Las fuerzas de seguridad se enfrentan en estos barrios a problemas de delincuencia, sobre todo al tráfico de drogas y las tensiones que conlleva, pero también incurren en prácticas problemáticas —reconocidas por organismos gubernamentales como el equivalente del Defensor del pueblo—, como los insultos racistas o los controles de identidad por criterios raciales.

A eso se le sumó un recurso creciente al gatillo fácil tras una reforma legislativa de 2017. Desde entonces, se pasó de 8 muertos en 2017 por un tiro policial a 26 el año pasado, la mitad de ellos ciudadanos, muchos de ellos integrantes de minorías raciales, que intentaron escapar con su coche a un control policial. De hecho, la ONU ha pedido este viernes a las autoridades francesas que afronten los problemas “de racismo y discriminación racial” en las fuerzas de seguridad.

Este caldo de cultivo sobre los abusos policiales ha provocado que en Nanterre, así como en otras localidades periféricas, sus habitantes se dividan entre los que simpatizan o entienden los disturbios y aquellos que están exasperados con la evolución de los hechos. “Estoy escandalizada con lo que está sucediendo. Se trata solo de una violencia gratuita y que no sirve para nada”, criticaba Christine, una vecina jubilada que miraba desde enfrente de su bloque de pisos cómo ardía una barricada en llamas que quemó al menos un vehículo.

El Gobierno de Macron está bajo presión, y aún más debido a la rapidez de los hechos. En menos de tres días se ha pasado de la conmoción por la muerte de Nahel, así como la irrupción del problema latente y recurrente de la violencia policial, a una alteración creciente del orden público. En algunas pocas ciudades se han decretado toques de queda nocturnos (en algunos casos solo para los menores de edad), mientras que en varias, como París o Lyon, se han cancelado los autobuses y tramvías a partir del atardecer. Pero ya planean otras medidas más contundentes, como decretar el estado de emergencia. “Estamos examinando todas las hipótesis”, ha reconocido por la mañana la primera ministra Élisabeth Borne.

Los partidos de ultraderecha de Marine Le Pen y Éric Zemmour presionan al Ejecutivo centrista para que adopte esta medida dura, siguiendo el ejemplo de 2005. Entonces, la revuelta no se vio sofocada inmediatamente a pesar del estado de emergencia. Desde la oposición de izquierdas consideran que “los discursos de escalada securitaria no sirven para nada”. Piden una respuesta política contra la violencia policial, como una derogación de la reforma legislativa de 2017.

Macron está atrapado entre estos dos frentes y mantiene una frágil posición de equilibrista. A diferencia de 2005, el uso abusivo de la fuerza policial es un problema que resuena en sectores de la población que van más allá de las “banlieues”. Y esto dificulta una resolución de este nuevo estallido social solo aplicando mano dura.