La política de mano dura contra la inmigración ilegal del primer ministro Rishi Sunak ha recibido un duro golpe. La Justicia británica declaró este jueves ilegal el controvertido plan del Gobierno de enviar a Ruanda a todo solicitante de asilo que hubiera llegado ilegalmente al Reino Unido y dictaminó que el país africano «no es seguro» para acoger a personas que huyeron de sus hogares temiendo por su integridad o su vida.

«La decisión de la mayoría [dos de los tres jueces] es que las deficiencias en el sistema de asilo en Ruanda son tales que hay motivos sustanciales para creer que existe un riesgo real de que las personas enviadas allá sean devueltas a sus países de origen, donde enfrentarán persecución u otro trato inhumano, pese a tener fundamentos para recibir asilo», argumentó la sala.

El fallo supone un duro revés para Sunak y para su no menos cuestionada Ley contra la Inmigración Ilegal, que busca legalizar el acuerdo con Ruanda. No obstante, la batalla judicial no ha terminado. El Gobierno ya ha anunciado que recurrirá. «Ruanda es un país seguro. El Tribunal Superior estuvo de acuerdo. Acnur tiene su propio programa para los refugiados libios en Ruanda. Pediremos ahora permiso para recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo», escribió Sunak en Twitter.

«Este dictamen es muy decepcionante y contradice la clara voluntad del Parlamento», escribió el diputado conservador Simon Clarke, quien ya anticipó la decisión anunciada por Sunak e instó al Gobierno a revisar la adhesión del Reino Unido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El juzgado de Estrasburgo ya frenó en una ocasión la puesta en marcha de este plan, desatando la ira del ala eurófoba del partido en el Gobierno.

Por su parte, el brexiters Nigel Farage propuso enviar a Francia a los simpapeles, pues «ese sí es un país seguro».

Una idea cara y descabellada

Freedom from Torture (libres de tortura), una de las organizaciones que demandó la nulidad del plan, consideró que el veredicto es «un triunfo de la razón y de la compasión». «La propuesta del Gobierno de dar dinero en efectivo a Ruanda a cambio de acoger a seres humanos no solo es inmoral, sino que viola las leyes de este país», agregó la agrupación a la BBC.

El fallo judicial se produce 48 horas después de que el Parlamento revelara que mandar a solicitantes de asilo a otros países, siguiendo el modelo con Ruanda, saldría más costoso que tenerlos en el Reino Unido. De acuerdo con los cálculos del Ministerio del Interior, el coste de alojar y mantener a un inmigrante ilegal sería de 106.000 libras (122.000 euros), mientras que enviarlos a un tercer país haría que la factura subiera hasta 169.000 libras (196.000 euros).